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Además de la auditoría del expediente que inicia la Corte Suprema, la fiscala Fani Aguilera apeló la resolución del juez de Santa Rosa del Aguaray, Edgardo Martínez, que liberó a los tres detenidos bajo sospecha de estar implicados en el crimen del jefe comunal Ramón Carrillo (ANR), ocurrido el 24 de abril pasado en Tacuatí.
La decisión judicial generó malestar entre los investigadores y la población está sumida en la impotencia. Manifestaron que existe temor de la pérdida de más vidas tras la liberación de todos los procesados y lo peor, todo apunta a que el crimen no será esclarecido y va camino al “oparei”.
Pese a que los investigadores aseguran que existen pruebas contra los procesados, el cuestionado juez dispuso el viernes pasado la revocatoria de la prisión de Sindulfo Franco y ordenó arresto domiciliario para Juan López. En la misma ocasión, había determinado mantener la prisión del concejal municipal Alfredo Sosa (ANR), pero cinco días después cambió de decisión y le concedió el arresto domiciliario.
Con las resoluciones del juez Martínez, los tres procesados por el homicidio del intendente de Tacuatí abandonaron la prisión preventiva que cumplían en la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú.
El magistrado había revocado la prisión de Sindulfo Franco debido a que la defensa presentó pruebas que le desvinculan del crimen, sin oposición de la fiscalía en ese caso. En tanto, sobre la prisión domiciliaria de Juan López, la fiscala Aguilera se opuso.