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Los antecedentes revelan que el Jurado de oficio abrió una investigación y suspendió al juez por la causal de “mal desempeño de funciones”. Es en el marco de la tramitación del expediente judicial caratulado: “Regulación de honorarios profesionales solicitada por el abogado Hugo César Figari Penayo, en la causa ‘Banco Familiar contra Azucarera Iturbe SA sobre amparo’”.
Según el Jurado, el magistrado: a) habría tramitado un juicio de amparo promovido por el Banco Familiar en la ejecución de garantía establecida en un contrato de fideicomiso por parte de la Azucarera Iturbe; b) en el susodicho juicio especial otorgó medidas cautelares de urgencia, sin la observancia de los presupuestos exigidos en el Art. 693 del Código Procesal Civil; y c) en el mismo juicio, el Abg. Hugo Figari Penayo solicitó la regulación de sus honorarios profesionales y el Juzgado a cargo de Jorge Garcete, por Auto Interlocutorio Nº 1950 del 30 de diciembre de 2014, reguló en G. 25.939.300.040 dichos honorarios, en aplicación del Art. 61 y concordantes de la Ley Nº 1376/88, “sin cumplir con la fundamentación acerca del parámetro adoptado, con el nexo causal inescindible”.
El Gobierno había asumido parte de la deuda de la Azucarera Iturbe, con un salvataje de G. 15.000 millones, que fue entregado en fideicomiso para la gestión de cobro, pero la cifra del honorario regulada a favor del abogado, de G. 25.939 millones, sobrepasa ampliamente la inyección realizada por el Estado.
Caso Buzarquis
El juez Garcete también fue criticado porque impuso como una de las medidas alternativas a la prisión para Claudia Silvero “la prohibición de atentar de cualquier forma y a través de cualquier medio contra la intimidad personal y o familiar” del diputado Enrique Antonio Buzarquis, quien acusa a Silvero de extorsionarlo y coaccionarlo bajo la amenaza de demandarlo por un reconocimiento de filiación extramatrimonial de un niño de cinco meses.
La decisión del magistrado responde a los insólitos pedidos que había presentado el diputado a través de su abogado Elio Gómez. Entre otras cosas, pedían prohibirle a la mujer difundir información sobre el político en las redes sociales y medios masivos de comunicación, como también emitir algún juicio de valor negativo sobre la figura del legislador.