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Melgarejo de Ocholasky dijo que según el Ministerio de Hacienda, las bonificaciones por responsabilidad en el cargo deben tener un máximo del ochenta por ciento (80%) sobre la base del sueldo, más los gastos de representación.
Sin embargo, el caso de la funcionaria, Rosa Lucía Santacruz, quien es considerada en tribunales como “la décima ministra”, tiene un salario de G. 8.191.560 y sumado a su gasto de representación de G. 4.875.000, da un total de G. 13.066.560. Es decir, los G. 13.409.124 que percibe por bonificación es prácticamente igual a la suma de los otros dos conceptos.
A modo de comparación, el dinero que percibe como bonificación, es igual al otorgado a los ministros de Corte.
La gremialista manifestó que el lunes el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), se reunirá para analizar el escandaloso derroche que realiza la Corte en conceptos de bonificaciones y gastos de representación, sin que puedan justificarse.
Melgarejo de Ocholasky dijo estar de acuerdo con el disgusto de los magistrados por ganar menos que los funcionarios administrativos del Poder Judicial. Los jueces son la esencia de este poder del Estado. Sin embargo, los administrativos tienen un salario muy superior, sin tener mayores responsabilidades, en muchos casos” , indicó.