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PEDRO JUAN CABALLERO (Cándido Figueredo Ruiz, de nuestra redacción regional). El supuesto ideólogo del secuestro desactivado es Marco Antonio Echeverría Figueredo, de 23 años, quien supuestamente fue el que comandó el domingo de madrugada el asalto a la casa de la familia Soria y el que después negoció el pago del rescate, lo que al final no se llegó a concretar.
Marco fue delatado por su cómplice Sirilo Brítez Benítez, de 18 años, otro de los que entró a la casa de la familia Soria y quien fue sorprendido custodiando al niño de 11 años en la casa que fue asaltada por la Policía el martes de noche.
Según datos, Sirilo contó que Marco lo contrató solamente para asaltar a la familia Soria y que no sabía que iban a perpetrar un secuestro hasta el momento en el que le ordenó que cuidara a la criatura en la casa que ya habían alquilado una semana antes.
La serie de operativos de ayer en Pedro Juan Caballero arrojó otros dos detenidos, Héctor Daniel Mereles Espínola, de 18 años, y Claudio Ferreira, de 24 años.
Héctor, según la Policía, ayudó a Marco presuntamente en la planificación del plagio y después quemó en su casa uno de los chips usados para negociar el pago del rescate. Además, acogió en su vivienda al supuesto cabecilla luego de que el niño fuera rescatado.
En cuanto a Claudio, fue el que activó en su negocio los dos chips utilizados en el secuestro: el que fue dejado a la familia Soria tras el secuestro del niño y el otro con el cual se comunicaban con los padres del menor de edad.
De momento, los investigadores no pudieron determinar quién o quiénes del entorno de la familia ayudaron a los secuestradores, ya que estos incluso tenían copias de las llaves de la residencia.
El presunto líder del grupo, Marco Echeverría, vive al lado de la cantera perteneciente al abuelo del niño que fue secuestrado.
El espectacular operativo de rescate fue ejecutado por al menos 50 policías, encabezados por el subcomandante Bartolomé Báez López, aunque también participaron agentes dependientes de la dirección general de Investigación Criminal, de la Dirección de Policía de Amambay y de la dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Inicialmente, los jóvenes delincuentes pidieron 400.000 reales, pero luego bajaron drásticamente sus pretensiones a 50.000 reales (equivalente a unos 88 millones de guaraníes). La familia del niño admitió que se estaba preparando para pagar cuando se produjo la liberación.
No hay mucho que festejar
Pese a que el Gobierno se jactó repetidamente del rescate del niño, en Caaguazú, Concepción y San Pedro hay otros siete secuestrados que esperan ser liberados.