Diecinueve urgimientos en caso de exsíndico

La Unidad de Delitos Económicos presentó 19 urgimientos a la Sala Constitucional de la Corte para que destrabe el caso del exsíndico general de Quiebras Gerardo “Yacaré” Sanabria Mora. El proceso está cajoneado desde el 2007, y el año que viene se cumplen diez años de la acusación penal.

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Sanabria Mora fue acusado por lesión de confianza el 28 de febrero de 2006, por lo que el año que viene se cumplen 10 años desde que el Ministerio Público pidió que enfrente juicio oral porque con su negligencia imposibilitó la recuperación de G. 4.000 millones de una garantía hipotecaria.

Los fiscales Silvia Cabrera y René Fernández presentaron 19 urgimientos a la Sala Constitucional de la Corte que no se expide sobre una acción de inconstitucionalidad que fue presentado el 28 de diciembre de 2008 (N° de entrada 1559/2007).

La máxima instancia judicial está integrada por los ministros Miguel Óscar Bajac, César Garay y Antonio Fretes, y de acuerdo a averiguaciones realizadas por los fiscales, está pendiente el tercer voto, por lo que sigue en auto para sentencia.

De acuerdo a los antecedentes, el 4 de noviembre de 2007 la defensa de “Yakaré” Sanabria Mora planteó la prejudicialidad, y el Tribunal de Sentencia integrado por María Doddy Báez, Gustavo Amarilla y Gustavo Santander (con el voto en disidencia de este último) dio curso al incidente.

Con la prejudicialidad se pretende que primero concluya el proceso civil para la determinación del perjuicio.

Tras este hecho, el Ministerio Público apeló la resolución N° 279, y la Cámara integrada por Carlos Bray, Gustavo Ocampos y Tomás Cárdenas confirmó el fallo el 5 de diciembre de 2007.

La Fiscalía planteó una acción de inconstitucionalidad el 28 de diciembre de 2007, y la Corte sigue sin expedirse pese a que transcurrieron más de siete años.

El Ministerio Público sostuvo en su acusación que Sanabria Mora cometió el hecho punible de lesión de confianza por omisión, al faltar al remate decretado en el expediente “Bancopar contra Yasy SA y Pedro Engels, sobre cobro de guaraníes”, situación que imposibilitó al ente bancario recuperar la garantía hipotecaria de un crédito por G. 4.000 millones. En tal sentido, concluyó que el perjuicio ocasionado es de G. 2.700 millones, valor del inmueble subastado.

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