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“La suspensión condicional del procedimiento es un mecanismo alternativo al juicio oral, permitido tanto para esta causa como para cualquier otro proceso con características similares. Entiendo que la sociedad podría verse mucho más satisfecha con la admisión de los hechos y la reparación del eventual daño ocasionado por el imputado. La prosecución del juicio es interminable y costosa para el Estado.
Además el resultado podría ser a lo sumo una pena mínima, debido al reducido monto del supuesto perjuicio”, manifestó Fernández Zacur cuando fue consultado ayer por nuestro diario con respecto a la salida que plantaría la defensa del parlamentario para no enfrentar un juicio oral.
“Si mi cliente, aún creyéndose inocente, renunciara a su defensa para procurar una reparación a la sociedad, estaría dando un paso importante”, apuntó el letrado cuando se le insistió si su cliente admitiría los hechos y repararía los daños.
Fernández Zacur aseguró a nuestro diario que no hay un planteamiento oficial al respecto, e insistió en que la suspensión del procedimiento es una figura que encuadra en este y otros procesos similares al de Ibáñez, en donde el supuesto perjuicio es de 30 millones de guaraníes.
En caso de que se haga oficial el planteamiento, el legislador tendría que devolver la suma mencionada más arriba. Además, realizaría una importante donación al Hospital de Clínicas, según las fuentes.
Hasta ahora no se hizo una propuesta por escrito ante la Unidad de Delitos Económicos, aseguraron nuestras fuentes.
El legislador colorado fue imputado por los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso.
Los fiscales Victoria Acuña, Liliana Alcaraz y José dos Santos tienen a su cargo el caso, en donde tienen que presentar acusación u otra salida alternativa, la próxima semana.
La imputación dice que Ibáñez solicitó la contratación como funcionarios de la Cámara de Diputados de Favio Ernán Gómez Chamorro junto a los hermanos Ever Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, a sabiendas de que no prestarían servicio en la sede legislativa, ya que en realidad lo harían en su propiedad de Areguá. También cuestionan que Ibáñez certificó, con su firma, en la planilla de asistencia la presencia de los tres caseros en la Cámara de Diputados.
LA IMPUTACIÓN
La fiscalía basó su imputación, además de los depósitos de los cheques en cuentas privadas, en testimonios y en el peritaje de los teléfonos celulares de los caseros.
Este peritaje da cuenta de que Gómez nunca salió de la zona de Areguá, donde Ibáñez tiene su propiedad. Mientras que los hermanos Falcón Valenzuela solo se presentaron a la Cámara Baja entre el 28 y el 29 de octubre del año pasado, coincidentemente cuando la fiscalía iniciaba la investigación.
La fiscalía también imputó a la abogada Lorena Plabst, esposa de Ibáñez, por estafa, ya que en su cuenta se depositó el cheque de Favio Gómez Chamorro.