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Hace unos años un esquema de pago de “coimas” que salpicó a los exministros de Corte Miguel Óscar Bajac y Víctor Núñez, al igual que camaristas y tribunales de sentencias “negociables”, sacó a la luz el secreto a voces del negocio que representa procesar a narcotraficantes.
En aquella ocasión existió un “memo” sobre un esquema judicial para favorecer a narcotraficantes por US$ 630.000 y se abrió una investigación por la liberación de Damián Delvalle, conocido como el “rey de la marihuana”, que se registró el 13 de mayo de 2011.
El caso salpicó a los camaristas Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández. Éste último impidió que la investigación en su contra avance porque se negó a la pericia de su computadora incautada de su despacho. Finalmente, solo fueron juzgados un exrelator del Tribunal de Alzada y un abogado.
Hoy, los mecanismos se van perfeccionando en cuanto a las múltiples opciones de los operadores de justicia, ya que tanto policías, como fiscales y jueces entran en la “rosca” de ganancias con extraditables. Éstos, a su vez, utilizan todo el corrupto sistema para evitar salir del país.
Con varios intentos de frenar extradiciones, quedó en evidencia que salir de Paraguay significa para los capos perder sus negocios. Las cárceles donde son aislados 22 horas al día, no pueden competir con las celdas VIP y el acceso a toda la tecnología y visitas privadas a mansalva.
El lamentable caso de Marcelo “Piloto”, quien asesinó en su celda de la Agrupación Especializada a la joven Lidia Meza Burgos (18), fue la gota que colmó el vaso.
A iniciar procesos
Las causas de los narcotraficantes requeridos por países vecinos o los Estados Unidos se inician en nuestro Paraguay casi de forma exclusiva para dilatar extradiciones. El conocido narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão logró estar 8 años con una condena sacada de la galera.
A diferir extradiciones
En todos los casos de extradición, los jueces difieren la entrega a sus pares requirientes hasta que los condenados tengan sentencias firmes en nuestro país.
Un voto en disidencia en el caso de Marcelo “Piloto” del camarista José Waldir Servín precisó que el artículo 14 del Tratado Aplicable expresa que no es imperativo esto último porque se indica: “Cuando la persona cuya extradición se solicita está siendo procesada, o está cumpliendo una condena en la parte requerida, por un delito que no es aquel por el cual se solicita la extradición, la parte requerida podrá aplazar la entrega de la misma hasta que está en condiciones de hacerse efectiva según la legislación de dicha parte”.
Mayoría, de Brasil y Argentina
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dio a conocer que existen 289 pedidos de extradición que se tramitan en nuestra justicia, en su mayoría provenientes de Brasil y Argentina. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, requirió informes precisos de los casos donde aparecen personas vinculadas con los grupos criminales brasileños Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, y saltó una lista de 20 extraditables (ver infografía).
Fiscala general cuestionó a la Corte Suprema
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, había señalado que en el caso de la extradición de Marcelo Pinheiro, “el Ministerio Público advirtió a la Corte Suprema la situación que estaba pasando, tratamos de solucionar inmediatamente sus procesos en Encarnación y Ciudad del Este, la querella apeló en uno de los casos el sobreseimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público, pero igual estuvo cajoneado el pedido de extradición. Consideramos que la soberanía nacional está por sobre todo, el Ministerio Público no tiene el poder de ordenar una extradición, nosotros solo contestamos los pedidos”.
Presidente del alto tribunal refutó a Quiñónez
Por su parte, el presidente de la Corte, José Raúl Torres Kirmser, salió al paso de las declaraciones de la fiscala general y refirió que la Corte no fue advertida ni tampoco puede ser responsabilizada de la demora en la tramitación del mencionado exhorto de extradición, debido a que no intervino en la mencionada causa.
Por otro lado, refirió que la fiscalía fue notificada el 7 de mayo pasado de la decisión del Tribunal de Apelación, y el expediente fue devuelto el 10 octubre al juzgado, con lo que transcurrieron 156 días sin que se presente algún urgimiento por parte del fiscal interviniente.