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De acuerdo a los datos, la Seam habría otorgado una licencia para el cambio de uso de suelo (reemplazar el bosque nativo por pastura o soja), que se habría maquillado con un supuesto sistema “silvopastoril”. Este sistema implica tener diez árboles en una hectárea de pastura y es utilizado en la Región Occidental, para aplacar la velocidad del viento y evitar daños en la pastura u otra plantación.
Sin embargo, la ley de “deforestación cero” no permite “el cambio de suelo” en la Región Oriental.
En consecuencia, la fiscalía debería investigar si los funcionarios de la Seam que otorgaron el documento actuaron con base en la ley.
El Infona, por su lado, habría concluido el sumario administrativo con una leve sanción a los que violaron las disposiciones ambientales. Se habría condenado a reforestar solo 9 hectáreas de las más de 2.000 hectáreas desmontadas, según se constató.
La fiscala Carolina Quevedo, de Concepción, tiene abierta una investigación, que abrió a partir de una constitución que hizo en el lugar.
En la referida causa el titular de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público, Daniel Aguade, envió a la fiscal Quevedo un informe del perito forestal de la fiscalía, ingeniero Luis Camilo Martínez.
Sin embargo, Aguade minimiza el contundente informe de Martínez y habla de la necesidad de hacer más diligencias, incluso una nueva constitución en el lugar del hecho, antes de presentar una eventual imputación.
Según Martínez, el inmueble es una unidad productiva dedicada a la actividad pecuaria en forma extensiva. “Prosiguiendo con el recorrido se constata la habilitación de suelos a expensas de bosques nativos para la implantación de pasturas, realizado en el sistema silvopastoril, utilizando maquinaria pesada, topadoras y tractores con formación de escaleras, productos de los restos vegetales que existía en el lugar, como así mismo se constata que los recursos hídricos con que cuenta la propiedad fueron alterados con taponamiento o para la construcción de camino tipo terraplén”, dice una parte del informe del perito forestal.
Empero, pese a la violación de las leyes ambientales constatadas, hasta ahora no hay un solo imputado.
De acuerdo a fuentes, el poder económico estaría detrás para evitar el procesamiento de los involucrados.
El fiscal adjunto ambiental es el abogado Jorge Sosa y el responsable directo de las actuaciones de sus inferiores. El agente del Ministerio Público tiene que explicar por qué se da la llamativa desidia de la fiscalía ambiental con los violadores de la ley pese a la promesa de “tolerancia cero”.
cbenitez@abc.com.py