Guardias privados exigen investigar por enriquecimiento a comisarios

Dirigentes gremiales exigen a la Fiscalía General del Estado que impulse una investigación por enriquecimiento ilícito contra los comisarios retirados Viviano y Vidal Machado Orihuela, de la empresa de seguridad privada Tapití SRL. Denunciaron un supuesto régimen de esclavitud al que someten a sus empleados y advirtieron que la firma, pese a los serios antecedentes en otras licitaciones, pretende ahora acaparar el servicio de vigilancia en el Hospital Central del IPS.

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La queja fue planteada ayer durante una visita a la redacción de ABC Color por un grupo de guardias privados que trabajan para la firma Tapití SRL, pero que por temor a represalias rogaron que se omitieran sus nombres. La denuncia fue respaldada por el asesor gremial, Óscar Rubén Acosta, y por Alejandro Riquelme, secretario de conflictos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Los denunciantes se preguntaron cómo es que “con el salario de policías retirados pudieran ser propietarios de una empresa de esta envergadura”, en referencia al edificio de Luque, que sirve de local a la empresa de seguridad. Incluso, hicieron una comparación con el caso de los policías actualmente procesados por el escándalo de corrupción detectado a través de un millonario fraude con tarjetas magnéticas activadas para la carga de combustibles.

En el mismo sentido, recordaron que Viviano fue comandante de la Policía durante nueve meses, entre 2008 y 2009, y que Vidal ya había sido dado de baja por el sonado intento de robo a una sucursal del ABN Amro Bank. Sin embargo, este último fue repuesto al servicio activo y después pidió su pase a retiro.

Siempre según los trabajadores, los Machado Orihuela amasaron una considerable fortuna al torcer a su favor importantes licitaciones para otorgar el servicio de vigilancia en varios entes del Estado.

El grupo de trabajadores remarcó que los comisarios consiguieron el año pasado más de 10 millones de dólares al adjudicarse licitaciones, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, en la Universidad Nacional del Este y en la Secretaría de Turismo, todas ellas presuntamente amañadas, aseguraron.

También expusieron la licitación que ganaron en la ANDE, cuyo proceso fue denunciado por la propia Contraloría, y el sonado caso de la licitación en Copaco, que anuló la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Conforme a la denuncia, los hermanos Machado Orihuela mienten para conseguir las licitaciones, ya que hacen figurar como que pagan a sus guardias un sueldo promedio de entre G. 2.500.000 y G. 3.000.000.

Sin embargo, los propios guardias revelaron ayer que algunos apenas alcanzan los G. 1.300.000, que trabajan como mínimo 12 horas diarias y que si se toman días libres o vacaciones se les descuenta como un jornal.

Igualmente, los custodios se quejaron de que no reciben aguinaldo y que se les obliga a firmar hojas en blanco, que serían los supuestos recibos de fin de año. Tampoco tienen bonificación familiar ni seguro social obligatorio, agregaron.

Con relación justamente al seguro social de IPS, los trabajadores de Tapití SRL advirtieron que, paradójicamente, la firma se encuentra actualmente en puja en una licitación para hacerse con el servicio de vigilancia en el Hospital Central. Ironizaron acerca de que si Tapití SRL llega a adjudicarse la licitación en IPS, ni sus propios guardias tendrán derecho a ser atendidos en el Hospital Central porque sus patrones no aportan por ellos.

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