Hoy se sabrá si Édgar Walko va a juicio oral por desfalco

El exintendente municipal de la ciudad de Yuty, ubicada al sur del departamento de Caazapá, Édgar Walko (ANR), fue citado por sexta vez para una audiencia preliminar para las 10:00 de esta mañana ante el juez de garantías Waldemar Ortiz, en la que se decidirá si ese político va a juicio oral o no en el caso que se le investiga, por un faltante de 4.000.000.000 de guaraníes en la municipalidad de dicha ciudad cuando el procesado era intendente.

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El proceso judicial se le inició hace más de cinco años a Édgar Walko, de profesión odontólogo que fue intendente de Yuty entre los años 2005 y 2010. Al término de su mandato fue denunciado por un grupo de concejales y por el intendente entrante, Dr. Nelson Vera Villar (PLRA), por un faltante de más de 4.000 millones de guaraníes.

Durante el periodo de investigación, los fiscales de la causa –primero Arnaldo Giuzzio y últimamente Luis Piñánez– consiguieron reunir evidencias que, según dijeron, demuestran que Walko es responsable del delito de lesión de confianza y de falsificación de documento público. Habría falsificado la firma de una profesional arquitecta para justificar una obra inexistente, dice la acusación.

Este caso se ventila en el juzgado de garantías de Waldemar Ortiz, quien sería un títere de los políticos locales que pretenden “salvar” al enjuiciado, quien actualmente vive en la ciudad de San Lorenzo en una mansión que  habría comprado con el dinero desviado en la comuna local.

El magistrado Ortiz, según los datos, acepta sin protestar todas las chicanas de Walko y que en los últimos tiempos estaría ya en complicidad con el mismo fiscal Luis Piñánez, cuyo jefe, Javier Díaz Verón, es colorado y oriundo del departamento de Caazapá.

La convocatoria a audiencia preliminar de hoy es la sexta, pues en las cinco oportunidades anteriores fueron suspendidas por diferentes motivos, como por ejemplo, que el abogado tenía otra actividad en otro juzgado, que el procesado estaba resfriado, que tenía dengue y hasta el fiscal Piñánez se unió al concierto de pedidos de suspensión de audiencias pues también alegó recarga de trabajo para no acudir al juzgado.

Los pobladores indican que con G. 4.000 millones se pueden hacer muchas obras viales. El dinero debe ser recuperado y el autor del desvío tiene que pagar con la cárcel, reclaman.

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