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Los fiscales de Filadelfia Andrés Arriola y Amín Echeguren, la directora de la Unidad Especializada de Derechos Étnicos, Dora Penayo, y funcionarios de las Unidades Especializadas en Derechos Humanos y Delitos Ambientales se constituyeron en el distrito de Carandayty, departamento de Alto Paraguay.
La presunta invasión fue denunciada por Julio Duarte Romero, representante legal de los indígenas.
Según la denuncia, la empresa Itapotï SA, propiedad de Wilson González, es la ocupante ilegal.
Tanto la empresa como los denunciantes presentaron documentos.
La intención de la comitiva era llegar al lugar preciso, para definir las coordenadas a través de un GPS y posteriormente requerir informes a la Dirección de Catastro y Registros Públicos para determinar a quién pertenece la propiedad. Sin embargo, las malas condiciones de los caminos impidieron tal menester.