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La fiscala Aghemo había acusado por lesión de confianza al exintendente interino de Puerto Pinasco, Digno Ramón Acosta (PLRA), y a su exadministrador Luis Alberto Irala Sánchez. También fue acusada Eugenia Pedrozo Ortiz, como cómplice de la lesión de confianza y autora del hecho punible de usurpación de funciones públicas, porque se hizo pasar como secretaria privada de la Intendencia, sin contar con documentos que avalen este cargo.
A pesar de que en la audiencia preliminar los tres acusados ofrecieron reparar el daño de G. 134 millones, perpetrado con la apropiación de dinero de las cuentas del Fonacide y royalties, el juez Ledesma les benefició con una pena de dos años, pero con suspensión de la ejecución de la condena, y les impuso la entrega de 10 equipos informáticos con sus respectivas impresoras, que debían ser puestos a disposición de su juzgado en el plazo de 30 días.
El Ministerio Público al presentar su apelación solicitando la revocación de la Sentencia Definitiva Nº 5 del 30 de noviembre pasado, argumenta que el juez Ledesma al aplicar la suspensión de la ejecución de la condena, le dio trámite a un procedimiento similar cuando la víctima no puede ser determinada.
En este caso, en las leyes que reglamentan la aplicación del Fonacide y de los royalties, están bien determinadas a quiénes y en qué forma deben ser usados sus fondos.
Con la sanción impuesta por Ledesma a los acusados con la donación de equipos informáticos, no se cumple dicha finalidad. Debió aceptar la propuesta de recibir los G. 134 millones que ofrecieron los procesados, indicó la fiscala Aghemo en su escrito.
La Fiscalía acusa que se extrajeron G. 134 millones de las cuentas del Fonacide y royalties de este municipio, sin que se sepa su destino y que tampoco tiene respaldo administrativo.