Juez y fiscal se apartan del caso Bower

El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun y el fiscal Fabián Centurión se apartarán de la causa en la que está procesado por tortura el exministro del Interior Walter Bower.

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El motivo es que el camarista Agustín Lovera Cañete concedió la personería jurídica a la abogada María Isabel Candia de Hermosilla para ejercer la defensa del procesado Crio. (R) Merardo Palacios.

El juez Ayala Brun tiene causal de excusación con la abogada Candia de Hermosilla. Según las averiguaciones, existe enemistad entre el magistrado y la letrada. En igual situación se encuentra el fiscal Centurión.

El expediente Bower permaneció congelado por dos meses en la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, luego de haberse rechazado un recurso dilatorio planteado por el procesado Osvaldo Vera.

El caso de tortura y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas ya cumplió 15 años de haberse iniciado, pero debido a las chicanas de los procesados, hasta ahora no se pudo realizar la audiencia preliminar.

En el proceso, gracias a las chicanas de los encausados, ni siquiera se pudieron imponer medidas cautelares.

El cuarto procesado fue el exagente de policía Basilio Pavón, quien ya falleció. El abogado querellante Rolando Alum había solicitado que se cambiase la carátula porque Pavón es quien encabeza este expediente.

Antecedentes

El caso se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados policiales en servicio activo, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000.

La Corte declaró que esta causa es imprescriptible por tratarse de un hecho de lesa humanidad.

Los jueces, fiscales y mucho menos los procesados, tienen el menor apuro para impulsar la causa. Solamente la querella es la que realiza las gestiones de impulso, pero sin mucho éxito porque los magistrados –incluidos los ministros de la Corte–, no imponen las sanciones a los litigantes de mala fe, como ordena el Código Procesal Penal y las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

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