La Fiscalía aduce que la compra no debió ser realizada vía excepción y que la operación causó un perjuicio de G. 14.000 millones al MEC, pues el inmueble no está a nombre del Estado aún. A su turno, todos los defensores pidieron sobreseimiento definitivo, tras alegar que cumplieron todos los pasos legales.
El abogado José Domingo Almada, defensor de Riart y Fretes, dijo que la compra está avalada por dictámenes legales y que al momento del pago Riart ya no era ministro. A su vez, William Dante Justiniano, defensor de Ferreira, dijo que su cliente fue injustamente incluido pues no era ordenador de gastos.