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Tras los allanamientos concretados el viernes pasado en la ciudad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, el Ministerio Público imputó a la fiscala Karina Elizabeth Escurra Silvero por usura, enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero. Mientras tanto, el esposo de la misma, el juez de paz Nery Martínez Figueredo, fue imputado por usura, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez penal de Garantías Carlos Fretes resultó sorteado para entender en la causa.
Respecto a este caso, ayer se tuvo por presentada la imputación y el juez interviniente remitió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el pedido de desafuero de ambos, que será estudiado el próximo martes por el JEM, en su sesión ordinaria de ese día.
Una vez que los investigados sean desaforados, el juez podrá procesarlos y convocarlos para la audiencia de imposición de medidas. Los fiscales René Fernández y Natalia Fúster han planteado la prisión preventiva de los mismos.
La investigación fiscal se inició tras la denuncia que hizo una comerciante, a quien habían otorgado préstamos que la misma no pudo pagar debido a los elevados intereses aplicados.
El viernes a la mañana se llevó adelante una serie de allanamientos. En el domicilio de la pareja, durante la verificación, se encontraron 14 fajos de billetes de 100 mil guaraníes, y cada fajo contenía 100 billetes, que totalizó la suma de G. 140 millones.
Igualmente, se hallaron US$ 7.600 en billetes de cien dólares, además de 27 dólares, 122 reales y 115 pesos argentinos. Todos los billetes fueron contados en presencia de Nery Martínez.
También se encontraron varios pagarés firmados en blanco, sin monto ni fecha, así como cheques, algunos de ellos con pagos diferidos, y otros pagarés adjuntos a los mismos, recibos de dinero, al igual que extractos. Se allanaron el despacho de la fiscala Escurra y el Juzgado de Paz. El último cateo se llevó a cabo en una tienda habilitada solo como boca de cobranzas de servicios básicos, giros de dinero y recarga de saldos de celulares, pero que en realidad operaba como una especie de financiera que otorgaba préstamos, por ejemplo, de hasta 1.200 millones de guaraníes. Los otros dos que están en la mira de los investigadores son la secretaria fiscal María Laura Riveros, quien trabaja con la agente Escurra, y el hermano de esta funcionaria, el abogado Javier Nicanor Escurra Silvero.
Supuestamente, esta red de operadores de justicia se dedicaba a la usura con capital proveniente incluso del narcotráfico, según algunos informes. Se mencionó a Javier Cabaña, alias Cucho, como uno de los supuestos aportantes.
Requieren embargar e inhibir
La fiscalía solicitó el embargo preventivo de todos los bienes y de toda suma de dinero o títulos de crédito o valores colocados en entidades financieras locales a nombre y a la orden del juez de Paz Nery Martínez y de la fiscala Karina Escurra, a fin de precautelar lo establecido en el Art. 6 de la Ley N° 2523/20041, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento Ilícito en la función pública, y 90 del Código Penal. Asimismo, peticiona se libren oficios a la Dirección General de Registros Públicos, Dirección del Registro de Automotor y a la Superintendencia de Bancos para la comunicación de la decisión del embargo y, a la vez, requiere la inhibición general de vender y gravar bienes.