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Las imputadas María Beatriz Gill Ávalos y Ninfa Thomas Rudis querían lograr la excarcelación, de la misma forma que el cerebro del vaciamiento, Carlos Sosa Palmerola, a quien la Corte benefició en una cuestionada resolución y hoy goza de su libertad.
Esta vez, la defensa de las dos procesadas se alzó contra la resolución del juez Hugo Sosa Pasmor del 6 de enero pasado, quien les denegó medidas alternativas.
Ante la circunstancia de que el caso no cuenta con Cámara de Apelaciones integrada, ante una cadena de inhibiciones, la Cámara de feria fue la que rechazó la ficta.
Mientras tanto, las fiscalas Yolanda Portillo y Nadine Portillo no pueden realizar ninguna diligencia, porque desde el 27 de noviembre del año pasado está pendiente un pedido de prórroga extraordinaria, y el Tribunal de Alzada solo cuenta con un integrante, el camarista Carmelo Castiglioni, de la Quinta Sala del fuero Civil y Comercial.
Las agentes ya tienen el plazo de investigación vencido, lo que les es “recordado” a diario por la abogada de Sosa Palmerola, Sara Parquet, quien les recalca que no pueden hacer “ninguna diligencia”. Inclusive, al no contar con ujieres penales y teniendo en cuenta que en el fuero civil tiene un costo ese trabajo, es la Fiscalía la que realiza ahora las notificaciones respectivas.