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CAACUPÉ (Desiré Cabrera, corresponsal). El exintendente de la ciudad de Arroyos y Esteros, procesado bajo los cargos de “lesión de confianza” –que según la fiscalía habría ocasionado un perjuicio de G. 845 millones a la municipalidad que manejaba–, y de “administración en beneficio propio”, por un perjuicio de G. 330 millones, fue beneficiado ayer con “prisión ambulatoria”, que significa que está libre pero con ciertas medidas hasta que se realice el juicio oral en su contra.
Dicha determinación fue tomada por la jueza Magdalena Narváez cuando reemplazaba ayer a la magistrada Blanca Báez, quien solicitó permiso por un día para ausentarse en su despacho, y en respuesta al pedido de revisión de medidas efectuado ayer por el abogado defensor de Alfonzo, Hugo López.
La disposición de la mencionada magistrada ocasionó el inmediato repudio de ciudadanos de Arroyos y Esteros, que ya preparan la venida a Caacupé para manifestarse contra Narváez, el lunes o miércoles, según manifestó anoche la concejala municipal de aquella ciudad afectada por los supuestos malos manejos de fondos por parte de Alfonzo, Elisa Capdevila.
Antecedentes
Luego de numerosas denuncias en su contra, la Fiscalía procesó a Gustavo Alfonzo y luego, pese a existir una orden de captura en su contra, la Policía Nacional tardó en cumplir el pedido. El exintendente se entregó el 3 de agosto del 2015 y fue llevado a la prisión de Emboscada para enfrentar el juicio en su contra.
Sin embargo, el 4 de setiembre del año pasado la jueza Blanca Báez le benefició con prisión domiciliaria a pedido de su defensa, que alegó que el político colorado sufre de problemas cardiacos. Desde entonces estuvo internado en dos hospitales, hasta que ayer se le concedió la “prisión ambulatoria”, con el argumento de que ya cumpurgó la pena mínima de “seis meses de prisión”. El fiscal José Luis Piñánez anunció que apelará la resolución. La Fiscalía debe presentar el acto conclusivo y acusación el 13 de febrero. Luego se realizará la audiencia preliminar donde la jueza Blanca Báez deberá decidir si la causa se eleva o no a juicio oral.