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Según el informe de Pablo Medina, corresponsal de ABC en Curuguaty, hay mucha disconformidad por la actuación de la fiscalía zonal, por lo que los abogados pidieron a través de este medio que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, disponga la intervención.
La misma Policía Nacional reclama un arma (no se sabe dónde está), que el fiscal retiró tras el suicidio de un agente.
El pasado viernes la fiscala Liliana Alcaraz imputó a su colega por coima.
El abogado Alderete supuestamente solicitó G. 65.000.000 al empresario Marcos Vela Vaezquen y a su hijo David Vela para que el fiscal Zarza ordene el desalojo de presuntos invasores de una propiedad de 771 hectáreas, ubicada en la colonia Sidepar 3.000, distante unos 45 kilómetros al sur del distrito de Yasy Cañy.
Alderete a través de terceros se puso en contacto con los empresarios para agilizar el requerimiento de desalojo, que casualmente se tramitaba en la unidad donde su pareja, Patricia Stanley, se desempeña como asistente fiscal.
La fiscala Alcaraz pidió para ambos medidas sustitutivas a la prisión.
El juez Benítez citó para mañana a Alderete, para la imposición de medidas cautelares.
El juez también remitirá el pedido de desafuero del fiscal Zarza al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Mientras que el fiscal general dijo a ABC que esperará la comunicación de la imputación para resolver si suspende a Zarza.
“He dado la instrucción a la fiscalía anticorrupción para que se tome en serio el caso, porque el ejemplo lo tenemos que dar desde la casa”, indicó.
Zarza llegó a Curuguaty tras la masacre del 22 de junio de 2012, para reemplazar a su colega Ninfa Aguilar. El otro fiscal es Benjamín Maricevich, quien recientemente reemplazó a Jalil Rachid, que fue enviado a Caazapá.