Políticos traban sus causas, pero no son sancionados

La Justicia debe destrabar las chicanas que plantean los políticos para evitar sus procesamientos y con ello lograr la impunidad. La Corte, a pesar de instar a los jueces y tribunales inferiores a sancionar a los litigantes de mala fe, no aplica medidas disciplinarias que la ley le obliga.

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La semana pasada elexministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Ernesto Soares (P-Mas) recurrió ante la Cámara de Apelaciones los incidentes que promovió en la audiencia preliminar y que fueron rechazados en la resolución que elevó su causa a juicio oral, en el caso “coquitos de oro”, donde se produjo un supuesto perjuicio de más de G. 1.224 millones.

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones el liberal Enrique Salyn Buzarquis, procesado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, en un caso de supuesto daño patrimonial de US$ 600.000, recurrió ante la Corte, por medio de una apelación general, la resolución de Cámara que confirmó la competencia a la jueza penal de garantías María Gricelda Caballero.

En el caso de los “caseros” donde está procesado el diputado colorado José María Ibáñez, la también imputada por estafa y cobro indebido de honorarios María Liz Gutiérrez (exjefa de gabinete del legislador) apeló una providencia de consulta a la Corte que había realizado el juez Miguel Tadeo Fernández.

En la causa “niñera de oro” el juez Óscar Delgado se apartó del proceso porque intervinieron como abogados defensores José Ignacio González y Fausto Portillo. La jueza María Gricelda Caballero, quien fue sorteada para atender el caso, impugnó la inhibición y la Cámara debe resolver el conflicto de competencia.

En todos estos casos las defensas promovieron recursos dilatorios para trabar la normal continuidad del proceso. Hasta ahora la Corte se muestra complaciente.

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