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El reclamo de Norma Gamarra tiene su origen en una denuncia por mal desempeño de sus funciones formulada en el 2008 por la Itaipú, a raíz de su actuación en un amparo promovido contra la entidad por el Sindicato de Trabajadores de la Itaipú. En dicho amparo se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar, la cual paralizó la construcción de un colegio técnico en un terreno de Ciudad del Este (Área 8), dispuesta por las autoridades de la entidad.
Gamarra pretendía una indemnización de G. 2.000 millones, de los cuales la mitad corresponde a daño moral, ocasionado por los padecimientos sufridos por la amplia difusión del caso.
El procurador adjunto Vicente Daniel Rodríguez, al contestar la demanda, solicitó el rechazo de la pretensión. Afirmó que no se ha probado la existencia de daños material ni moral, y que la suspensión es consecuencia de resoluciones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y por la Corte Suprema de Justicia, cuya legitimidad no está en discusión.
A su vez, los abogados Robert Santacruz y Óscar Bogado, de la Itaipú, plantearon una excepción de prescripción, la cual fue rechazada por la jueza.
“Si bien es verdad que la accionante ha sido suspendida en el marco de una investigación por supuesto mal desempeño en sus funciones, queda claro que el procedimiento para la aplicación del mismo es imperativo en virtud de la ley, por lo que el acogimiento de la Entidad Binacional Itaipú a la denuncia que fuera formulada por su parte es conveniente y viable en cuanto al derecho que le asiste para la formulación de una denuncia ante el JEM”, explica la jueza Tania Carolina Irún Ayala.
“La accionante menciona que, a raíz de la denuncia, y su consecuente suspensión, ha sufrido diversas patologías crónicas, resultando en cuantiosas tomas de medicamentos, no es menos notorio especificar que estos extremos no se encuentran acreditados, como así también sus respectivos montos, por lo que este rubro tampoco puede ser considerado”, agregó la magistrada.
DESTITUIDA EN EL 2015
Norma Gamarra, quien llegó a ser integrante del Tribunal de Apelación en lo penal del Alto Paraná, fue destituida en abril del 2015 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que concluyó que la misma incurrió en mal desempeño de sus funciones, en la causa “Cecilio Vera Cabrera contra Elva Eugenia Caballero Miranda sobre hecho punible contra el medioambiente”.
El Colegio de Abogados del Alto Paraná denunció a Gamarra en dos ocasiones, ante el JEM por la liberación de narcotraficantes, mediante la concesión de medidas sustitutivas a la prisión y por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado, pero ninguna de las denuncias prosperó.