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La decisión de la jueza fue confirmada por los camaristas Aniceto Amarilla, Ramón Echeverría Rotela e Isidro González Sánchez, quienes también están en la mira del Ministerio Público. La inclusión de los mismos en la causa penal está en manos del fiscal general, Javier Díaz Verón, quien ordenó de oficio la investigación a la criticada magistrada Meza.
En su informe a Díaz Verón el fiscal Hernán Galeano dice que hubo “interpretación errónea de la ley”. Agrega que la investigación fiscal debe seguir y habla de la figura del comiso autónomo.
Se sospecha que el dinero que Alegre Cano tenía en su poder era producto de la coima. En caso de que eso sea demostrado, se comisará la plata para el Estado.
Critica a fiscalía
Por otro lado, los camaristas que confirmaron la resolución de la jueza Meza hicieron fuertes cuestionamientos al trabajo del Ministerio Público. Dijeron, por ejemplo, que en dos años de investigación no se pudo probar el origen ilícito del dinero y que en la carpeta fiscal solo hay pedidos de informes.
Sin embargo, la fiscalía alega que la investigación casi no pudo avanzar debido a los incidentes dilatorios promovidos por la defensa.
Los camaristas enfatizaron que corresponde extinguir la acción, porque además de transcurrir un plazo “razonable” de la investigación, es imposible seguir el procedimiento debido a que el funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero falleció.
La causa primeramente la tenía el juez de Asunción, Humberto Otazú, que luego la remitió a Ciudad del Este. Desde un principio existieron maniobras para llevar el caso a Ciudad del Este, en donde la justicia es más complaciente, sobre todo cuando hay intereses económicos de por medio, como en este caso. Ojalá que la Corte tomé medidas para determinar como actuaron la jueza y los camaristas.