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Es a raíz de una recusación presentada contra la jueza Leticia Fracchi por la defensa del gremialista –actual secretario general adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Lambaré (Seomul)– por supuesta parcialidad manifiesta.
Al iniciar el juicio, los abogados defensores Óscar Godoy y Miguel Zayas presentaron incidente de prescripción, atendiendo que la pena máxima por delitos contra el honor es de 2 años y la publicación que dio origen al juicio es de marzo del 2009 y ya transcurrió el doble del plazo.
Fracchi descartó el incidente, tras argumentar que es un delito continuo, motivo por el cual la defensa la recusó, debido a que no se han presentado hechos nuevos tras la instauración de la acción.
En su querella, Cárdenas exige al funcionario el pago de G. 400 millones en concepto de composición.