Tribunal anula pruebas claves y abre camino para impunidad de acusados

Los jueces Rosarito Montanía, Liza Battilana y Manuel Aguirre excluyeron los videos en los cuales están grabados los momentos en que los exportuarios acusados entregan el aporte para la “corona”. Igualmente, sacaron el acta de la entrega del dinero y el “aporte” que realizaron los exadministradores. Se habla de injerencia política.

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“Es un fallo escandaloso y lamentable. El tribunal acaba de excluir pruebas contundentes para no tener la responsabilidad de fallar como corresponde”, empezó diciendo el fiscal Luis Piñánez, quien debe sostener la acusación de su antecesor y ahora senador Arnaldo Giuzzio.

Las grabaciones que excluyó el tribunal fueron las realizadas los días 25 de agosto, 1 y 3 de setiembre de 2008. Las cámaras ocultas fueron puestas en un procedimiento, en la presidencia de Puertos y en la oficina del abogado Rubén Ocampos.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Rosarito Montanía, Manuel Aguirre Rodas y Liza Battilana excluyó, además del juicio oral, las actas de entrega de dinero y el mismo dinero que fue aportado en su momento por los ahora procesados, y que debía ser exhibido en la audiencia.

El tribunal colegiado sostuvo que se violó la cadena de custodia sobre los cedés utilizados para las grabaciones. Indicaron que tras la grabación, el entonces presidente de Puertos Albino González se quedó con los materiales audiovisuales, y no se supo de los mismos sino cuando el juez ordenó la entrega de los materiales, varios meses después.

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Para los abogados defensores, la decisión del tribunal se ajustó a estricto derecho, como correspondía.
El defensor Juan Sánchez manifestó que el entonces fiscal Giuzzio hizo lo que quiso cuando ocupó el cargo en el Ministerio Público. El juez Óscar Delgado le ordenó al exfiscal Giuzzio que informe las condiciones en que se encontraban las grabaciones, pero el exagente incumplió la resolución judicial del 24 de setiembre de 2008.

Las desgrabaciones no se hicieron en presencia de las partes y los cedés fueron manipulados o editados, sostienen los abogados defensores.

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