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Para el fiscal Aldo Cantero las apelaciones contra el fallo de la Justicia del Reino Unido que ordenó la extradición de Barone y de su esposa Elisabel Vázquez Galino no son más que un recurso dilatorio para posponer el proceso por lesión de confianza y lavado de dinero.
El fiscal indicó que la jurisprudencia que sentó la Suprema Corte de Inglaterra es la de confirmar los fallos de extradición, por lo que no cree que en este caso resuelva en sentido contrario.
En noviembre de 2016 la jueza distrital superior de Inglaterra, Emma Arbuthnot, en su fallo de extradición a favor de nuestro país concluyó que de las pruebas que fueron presentadas por el fiscal Cantero se puede determinar que existen evidencias de fraude y de conspiración entre los extraditados y el entonces presidente de la Cajubi Víctor Bogado Núñez a fin de perpetrar el desvío de US$ 40 millones que debieron utilizarse para inversiones que nunca se realizaron.
La jueza Arbuthnot también sostuvo en su fallo que en el juicio de extradición se constató además que “hubo presentaciones deshonestas realizadas por Barone Serra y Vázquez Galino en correos, cartas, página web y de forma oral a los miembros del directorio de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi)”.
Dilación de la Corte y 27 jueces inhibidos
Los 9 ministros de la Corte, Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco, Luis Benítez, Antonio Fretes, Gladys Bareiro, Miryam Peña, José Torres Kirmser, César Garay y Miguel Óscar Bajac, se inhibieron para no atender las casaciones promovidas por los vaciadores de la Cajubi, a quienes se les atribuye el desfalco de US$ 48 millones, probado en el juicio oral, y ratificado por la Cámara de Apelaciones.
Igualmente los 12 camaristas penales se excusaron para no atender el caso, al igual que los tres camaristas de la Sala Penal Adolescente.
Tampoco aceptaron el caso los camaristas de la Primera Sala en lo Civil y Comercial integrada por Marcos Riera Hunter, Óscar Paiva Valdovinos y Valentina Núñez.
Ahora se busca integrar la Sala Penal de la Corte con los camaristas de la Segunda Sala en lo Civil.
Los principales condenados son los expresidentes de Cajubi Víctor Bogado y Mariano Escurra, penados con 14 años de prisión.