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Según documentos que obran en la Fiscalía, la construcción de tres aulas en el Colegio Nacional Lambaré, en el 2012, se llevó a cabo mediante simples contratos, entre tres personas.
En primer lugar, el entonces intendente Roberto Cárdenas acordó con el director de la institución, Vicente Acosta Gibbons, hacer un desembolso de G. 266.730.000 para la construcción de las aulas.
Posteriormente, Acosta Gibbons decidió, en forma unilateral, firmar un “contrato de prestación de servicios” con la empresa A.D.C. Construcciones de Alejandrino Duarte.
No existen documentos que prueben que la obra ejecutada por la mencionada firma fuera aprobada por la Dirección de Infraestructura de la Municipalidad. Tampoco se le ha dado participación al Ministerio de Educación y Cultura, como lo exige la ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública (Fonacide).
La mencionada normativa establece en su Art. 37 que “los proyectos de infraestructura y equipamientos deberán enmarcarse dentro de las especificaciones técnicas, establecidas y aplicadas por el MEC, así como su aprobación y fiscalización por parte de la misma entidad”.
El hoy exdirector del colegio, que firmó el contrato para llevar adelante la obra, es correligionario del exintendente Cárdenas.
Una de las aulas construidas por la empresa A.D.C. Construcciones en el mencionado colegio, se vino abajo el pasado miércoles y según la Contraloría, la sala aledaña también está con peligro de derrumbe.
