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La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto de ley que, básicamente, es un programa de tránsito y seguridad vial que pretende imponer el Parlamento nacional a las municipalidades.
El proyecto deroga tácitamente todos los reglamentos de tránsito (ordenanzas) de las comunas. El documento tuvo su origen en la Cámara de Senadores y fue aprobado el 19 de julio de 2012.
El proyecto fue aprobado parcialmente por Diputados el 7 de noviembre de 2012 y luego ratificado por Senadores el 9 de mayo del 2013. La Cámara Baja solo puede ratificarse en su proyecto o aceptar la ratificación parcial de la cámara de origen. La sanción ficta será el 26 de agosto.
Los legisladores derogaron el Decreto-Ley 22094 de setiembre de 1947 (ley de tránsito de la Policía Caminera) y el artículo 20, inciso c), de la Ley 1590/00 de la Dirección Nacional de Transporte (elimina la Dirección de Control y Seguridad de Tránsito). Sin embargo, se cuidaron en no “derogar” las atribuciones de las comunas, en materia de tránsito, que están reglamentadas por el artículo 12 de la Ley 3966/10.
Esta función municipal había sido ratificada por los acuerdos y sentencias Nº 749 de julio de 2012 y Nº 2500, de diciembre de 2012, con relación a la inspección técnica vehicular (Ley 3850/09). La CSJ ratificó que los municipios son los únicos encargados del control y la administración del tránsito.
Opaci se opuso, pero..
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) había presentado sus objeciones al proyecto de ley ante Senadores porque atenta contra el inciso 8) del artículo 168 de la Constitución Nacional sobre atribuciones municipales que dice: “la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.
Sin embargo, la cúpula de la Opaci, encabezada por Ricardo Núñez, luego aceptó el proyecto porque supuestamente ya era una decisión política irreversible del Parlamento.
Por eso el gremio solo exigió integrar el “directorio” de la Agencia Nacional y no perder potestades con relación al control de los registros de conducir (el proyecto crea un “registro nacional de registros de conducir y antecedentes de tránsito”, que administrará la Opaci).
El proyecto crea un ente “autónomo y autárquico”: la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que necesitará fondos del presupuesto nacional para que funcione, aunque también recibirá parte de las multas a infractores.
El documento señala que la misión de la agencia “consistirá en la prevención y el control de los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionado por los mismos, mediante la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad vial en el territorio nacional”.
darce@abc.com.py