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Pompeya Cazal, coordinadora general del Área Social del MOPC, señaló que 15 familias optaron por la indemnización monetaria. El monto entregado a cada familia oscila entre los 40 y 50 millones de guaraníes. “Estas 15 familias ya recibieron el dinero el viernes pasado y son trasladadas a las zonas de Ñemby, San Lorenzo y Capiatá, donde adquirieron sus nuevas viviendas”, puntualizó Cazal.
Dijo que las siete familias restantes solicitaron al MOPC su reubicación en la zona, por lo que se mudarán, luego de que culmine la edificación de las viviendas de interés social que están siendo construidas en General Santos y Costanera.
El área despejada dará lugar al estacionamiento del Congreso Nacional, permitiendo su unión con el Parque Bicentenario, que tendrá una extensión aproximada de 13 hectáreas.
El parque estará ubicado al costado de la avenida Costanera y detrás del Palacio de Gobierno. Se extenderá desde la avenida Colón hasta la calle Independencia Nacional.
Luego, el trabajo social continuará con las 240 familias asentadas en la zona de la calle Nuestra Señora de la Asunción, de las cuales 120 irán a viviendas sociales y el resto tendrá que negociar, según Cazal.
Piden desembolso
El ministro de Obras Públicas, Salyn Buzarquis, se reunió ayer con el presidente de la República, Federico Franco, y pidió desembolsar los fondos para pagar parte de las obras de la Constanera. Explicó que existe un retraso importante en el pago y que por ello solicitó al Jefe de Estado autorizar al Ministerio de Hacienda que se paguen unos G. 20 mil millones a las empresas que trabajan en el lugar.
Dijo que la intención es tener terminadas las obras y hacer una inauguración de la primera etapa el próximo 30 de julio. En cuanto al reclamo de la Municipalidad de Asunción, que sostiene que la segunda parte del proyecto no se podrá iniciar porque el Ministerio no acercó los planos de la obra, Buzarquis dijo que eso es absolutamente falso y aseguró que todos los planos se presentaron hace más de sesenta días.
Pequeños contratiempos
Dos hechos menores ameritaron la intervención de la Policía Nacional, durante la reubicación de las familias del barrio Chino y la demolición de las precarias viviendas. Uno de los casos involucró a un lugareño, quien en estado etílico generó un pequeño disturbio, oponiéndose al despeje del lugar.
Luego, un encargado del desmantelamiento de las viviendas arrojó una piedra que provocó la rotura de uno de los faros traseros de un vehículo estacionado en las inmediaciones. En ambos casos, agentes policiales labraron actas. Por otro lado, los marcos, las puertas, chapas, camillas y estantes que formaban parte de la estructura del exdispensario barrial fueron llevados hasta el centro de salud “3 de Febrero”.