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Evidentemente el dinero de los aportantes (trabajadores y empleadores) del Instituto de Previsión Social (IPS) aguanta todo a la hora de repartir cargos.
En efecto, a la creación de una veintena de cargos de asesores para el presidente del Instituto, actualmente el doctor Benigno López, y los cinco miembros del Consejo, que en la actualidad son Juan Torales, Luis Fleitas, Carlos Morel, Jorge Brítez y José Jara, se suma la invención de tres cargos de asesores para el representante de la Contraloría General de la República, el síndico, que actualmente es el oviedista Roger Balbuena Sánchez.
Por Resolución N° 002-038/14 de fecha 8 de enero de 2014, el entonces presidente del IPS, Hugo Royg, junto a los consejeros José Jara, Jorge Brítez, Roberto Melgarejo Palacios y Jorge Guzmán Alvarenga, disponen la creación de cuatro nuevos cargos de asesores (tres asesores principales y un asesor adjunto) para el referido síndico.
De esta forma fueron designados como asesores principales José Carlos Núñez Cabañas, con un salario neto de G. 10,2 millones al mes, y Víctor Arnaldo Benítez Gómez, con un salario neto de G. 7,8 millones, mientras se encuentran vacantes los demás cargos creados alegremente por el Consejo.
Recordemos que, además de los asesores, el síndico del IPS cuenta con una secretaria privada que gana casi G. 6 millones, dos asistentes de secretaria privada, un profesional administrativo que es abogado y gana más de G. 8 millones y dos auxiliares administrativos (sin profesión), uno de ellos con un sueldo de más de G. 7 millones.
Síndico aventajado
El actual síndico del IPS, Roger Balbi Balbuena Sánchez, ya ocupó el mismo cargo anteriormente en la Industria Nacional del Cemento (INC), de donde fue destituido a pedido de las mismas autoridades de la cementera a la Contraloría, según fuentes de la referida empresa estatal.
Posteriormente, Balbuena Sánchez volvió a asumir una sindicatura en el IPS.
Además de ser síndico del IPS es tesorero del partido Unace.
Siendo hombre de confianza del senador oviedista Jorge Oviedo Matto (involucrado en el caso de la compra de tierras de San Agustín, donde fueron imputadas varias personas), registró a su nombre la palabra Unace y ocupó otros cargos, como el de asesor jurídico del Senado e incluso consejero de Itaipú durante la administración de Franklin Boccia.
mvelazquez@abc.com.py