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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene 69.768 docentes en aula a nivel país. De los cuales, 1.200 son políticos-docentes. En una primera etapa, la Dirección Anticorrupción investigó a 585 de ellos y detectó que 486 políticos son “planilleros”, de los cuales, 84 intendentes y concejales tanto departamentales como municipales están catalogados por la cartera educativa como casos “graves” y hoy enfrentan un sumario.
Los mismos también serán denunciados penalmente ante la fiscalía por “cobro indebido”, deberán devolver todo lo que cobraron sin prestar servicio y renunciar a sus rubros, pero este proceso ya está a cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica, explicó Casañas Levi.
“Hay intendentes que me llaman y me dicen que tienen el rubro docente porque tienen méritos políticos y que la divulgación de la lista les perjudicaba en su imagen. Tajantemente les recalqué que sea la última vez que me llamen para decir esto porque les voy a denunciar. Que se defiendan en las instancias que correspondan”, enfatizó el director.
Reemplazante irregular
Otra de las justificaciones de los políticos que se “embolsillan” rubros docentes sin prestar servicio es que ponen reemplazantes, lo cual es irregular.
“Algunos de estos intendentes y concejales envían reemplazantes y de esta forma llenan el vacío en sus horarios en las instituciones educativas. Esto es irregular, porque debe ser el Ministerio el que controle y designe a cada reemplazante. Quiero enfatizar que yo no puedo tener un rubro y poner a cualquier persona que me reemplace. Algunos políticos acumulan tres o cuatro rubros docentes y les faltarían horas del día para poder cumplir con todas sus obligaciones”, dijo Casañas Levi.
Sumario dura 60 días y luego pasa a Fiscalía
La directora general de Asesoría Jurídica del MEC, Dra. Edith Caballero Cáceres, explicó que el sumario administrativo tendría una duración de 60 días hábiles.
“El ministro sustituto, Robert Cano, firmó los 84 sumarios de manera individual. Abrimos 84 expedientes. Y se va a sortear quiénes serán los jueces sumariantes. Luego, se va a notificar a la fiscalía de Educación y se convoca al afectado para una audiencia”, explicó la directora.
Enfatizó que los casos serán enviados al Ministerio Público de manera gradual. “Si se comprueban casos alevosos y si contamos con elementos contundentes y testigos, se suspende el sumario y se realiza directamente la denuncia penal ante la fiscalía. Pero, caso contrario, se debe culminar el sumario para determinar si son o no culpables. Esto es cambiante, caso por caso se ve”, concluyó.