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Este amedrentamiento se materializa en intentos por parte de la Procuradoría General de la República (dependiente del Ejecutivo) de declarar ilegal la huelga realizada el 7, 8 y 9 de noviembre para exigir una matriz salarial que ayude a mejorar el monto de jubilación. El argumento contra la medida de fuerza es que fue “una huelga política”, indica el comunicado del CPM. La nota destaca además la preocupación del gremio, ya que de declararse ilegal la huelga se constituiría un uso abusivo del derecho por parte de las autoridades del gobierno. “Nos mantendremos expectantes ante los acontecimientos, con el único fin de precautelar los derechos del gremio médico. Recalcamos la legalidad de los reclamos realizados en la medida de fuerza, amparados en la Constitución”, señala el comunicado.