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La denuncia del ministro de la Niñez Carlos Zárate está basada en las siguientes disposiciones: artículo 226 del Código Penal, “que contempla el delito de violación del deber de cuidado”; decreto 4951/2005, “por el cual se reglamenta la Ley 1657/01 y se aprueba el listado de trabajo infantil peligroso”, y artículo 25 del Código de la Niñez y la Adolescencia, “del derecho del niño y adolescente a ser protegido contra toda forma de explotación”.
Zárate revela que todos los chicos son beneficiarios de distintos programas del Estado (reciben bonos en efectivo, cesta básica y tienen guarderías y centros abiertos a disposición) y pese a los reiterados abordajes, sigue la explotación.
La presentación relata la situación alarmante en que viven los chicos en la zona, donde afirma hay “un alto nivel de consumo de sustancias entre las que el crack aumentó con la presencia masiva de niños, niñas y adolescentes en situación de consumo provenientes de otros focos como Mariscal López y San Martín”.
Asimismo, destaca que el 90% de los adolescentes son consumidores de alguna sustancia y que tienen una conducta violenta que apeligra la integridad física de los funcionarios que trabajan en calle. También resalta la agresividad de los padres hacia los educadores, quienes además de maltrato verbal han recibido amenazas de muerte inclusive.
“Circunstancias adversas referidas dificultan en gran manera el trabajo, en especial durante las horas de la noche; no obstante se sigue realizando monitoreo, ofreciendo un lugar donde los niños puedan ir a descansar o incluso trasladarlos a sus casas. Y generalmente se obtiene como respuesta la negativa de los padres o los mismos niños se niegan argumentando la baja recaudación obtenida”, señaló la denuncia de Zárate.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados y los graves daños sufridos a diario por estos niños, la denuncia radicada el 14 de febrero ante el Ministerio Público cayó como una “pelota tata” y los agentes fiscales más bien se esquivaron de atenderlo.
Así las cosas, de la fiscalía de la zona, la barrial N° 2, la denuncia fue derivada a la Fiscalía de la Niñez, que la remitió de vuelta a la penal y de ahí a la Unidad de Trata de Personas y Explotación Sexual.
El 1 de abril, la fiscala María Isabel Arnold pidió informes sobre el caso. A partir de ahí, la SNNA presentó más de seis actualizaciones, la última de ellas el 17 de setiembre pasado. Hasta ayer no se adoptó medida alguna para proteger a los niños y tampoco existen imputados por estos abusos.
85% de niñas, niños y adolescentes frecuentan la zona comprendida en la intersección de las avenidas España y San Martín. Todos reciben beneficios del Estado, como bonos en efectivo, cesta básica de víveres y tienen centros abiertos a disposición.
90% de los adolescentes que frecuentan la zona consumen algún tipo de estupefaciente. Informes revelan que el consumo de crack es una constate en el lugar, en especial en horas de la noche. También los niños consumen drogas.
14 de febrero del corriente año es la fecha en que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia denunció el caso ante el Ministerio Público. Hasta ahora no se ha tomado medida alguna de protección de los niños que frecuentan la zona.