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Cuando el escándalo salió a luz, la Junta Municipal de Coronel Oviedo y la Junta Departamental de Caaguazú solicitaron al fiscal general del Estado, Javier Díaz de Verón, que designara un agente de la Unidad de Delitos Económicos para la investigación.
Ante las evidencias de que tras las obras había otros intereses, se retiraron las máquinas de la Gobernación de Caaguazú, y apareció un cartel que indica que la empresa constructora es la del ingeniero Darío Ramón Jara Pereira. No sabemos si tal firma realmente existe. En varias ocasiones he intentado comunicarme con su propietario, al teléfono de contacto que aparece en el portal de Contrataciones Públicas, pero nadie responda.
Ahora, si bien los trabajos se están realizando luego de que saliera a luz el pago por una obra inexistente, esta tuvo que haber culminado en diciembre pasado. Tampoco debió haberse pagado, porque no estaba realizada, y mucho menos haberse alterado documentos para tal efecto.
Hoy la obra se está ejecutando porque es insostenible argumentar el pago de G. 617 millones a la empresa adjudicada sin que colocara una piedra en el acceso al campus de la Unca.
Queriendo demostrar lo contrario y contrarrestar la denuncia periodística documentada, lo único que se le ocurrió al ingeniero Juan Darío Jara –tal vez con las autoridades de Unca– fue realizar una declaración jurada ante escribanía, el 8 de mayo, varios días después de las denuncias, en la que se compromete a ejecutar la obra valuada en G. 698 millones en un plazo de 90 días.
Me pregunto ahora, que porque la obra concluya... y un dinero, del cual se sospecha fue a parar al bolsillo de algunas de las autoridades haya sido supuestamente devuelto, quizás porque hay “fatos” más grandes que se ven amenazados, ¿les exime a todos ellos de la sospecha de corrupción?
carmen.colman@abc.com.py