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La abogada Esther Roa denunció a Dionisio Amarilla en julio del año pasado, luego de que ABC publicara el modo en que crecieron los bienes del senador.
En setiembre de 2018, la Fiscalía anunció que abría una investigación contra el legislador por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sin embargo, un mes antes, el 6 de agosto, la fiscala adjunta Alba Cantero remitió a la Contraloría General un pedido de informes en el cual considera que “no existe mérito suficiente” para “la intervención del Ministerio Público”.
En la nota, Cantero solicitó a la Contraloría que informe sobre los bienes declarados por Amarilla y si estos se corresponden con sus ingresos legítimos. Al momento de la solicitud, la esposa del legislador, Analy Valiente, era directora de Declaraciones Juradas en la Contraloría.
Tras el cambio de contralor general, Valiente fue destituida el 30 de abril. El 8 de mayo, el nuevo contralor, Camilo Benítez, respondió a la Fiscalía, remitiendo la declaración jurada del exsenador, expulsado anoche.
Sin embargo, Esther Roa dijo que el miércoles fue a preguntar sobre la causa y que le informaron que no se designó todavía ningún fiscal para investigar a Amarilla. “Me dijeron que la Contraloría General no respondió a sus pedidos y que ahora la Fiscalía urgió una respuesta”, detalló la referida jurista y activista.
De este modo, a casi un año de la presentación de la denuncia, todavía no hay fiscal que indague el caso del citado exlegislador.
Para Roa, “a estas alturas ya es un fracaso esa investigación, porque en estos meses Dionisio Amarilla ya pudo haber ocultado todos sus bienes”. “La Fiscalía pudo pedir informes a registros públicos, realizar pericias y demás. Si no lo hicieron, significa un fracaso en la investigación”, señaló. Amarilla es funcionario público desde 1999. Antes de jurar como senador, el año pasado, sus bienes llegaban a los G. 7.143 millones.
Paralelo a su crecimiento económico, el parlamentario habría utilizado sus influencias en beneficio de amigos. El 27 de mayo fue filmado en una reunión en la cual se intentó sobornar a un periodista para que “desinfle” publicaciones que se referían a una empresa de su “partner” Óscar Chamorro, que pretendía una millonaria licitación en el IPS.