Convierten en mercado política de indemnización a las víctimas

Federico Tatter propone reencauzar la Defensoría hacia su objetivo originario, transformarla en una institución pequeña y transparente y cambiar la visión que se tiene, que es una institución en donde la política de indemnización se convirtió en mercado y tráfico de influencias.

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Tatter es uno de los 80 postulados para defensor del Pueblo. Es hijo del capitán de Fragata Jorge Federico Tatter, perseguido por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y desaparecido en la Argentina en 1976.

Recordó que la figura del defensor del Pueblo fue impulsada, antes de la Constitución de 1992, por ciudadanos que vieron la necesidad de crear instituciones democráticas que defiendan al ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado.

Cree que ya está definido quién será el defensor y que la convocatoria se realizó por formalidad. No obstante, entre varias personas decidieron presentarse y decir que “es inmoral que se repartan entre representantes de partidos políticos, cuando que el defensor tiene que interpelar a los poderes constituidos, sobre todo por la arbitrariedad que se comete desde el poder. Este es uno de los motivos de esta presentación, para alzar la voz ante estos repartos partidarios de figuras constitucionales que deben defendernos del Estado”.

Con referencia a la Defensoría, dijo que es una institución paquidérmica y gigante y opera como agencia de gestoría de indemnizaciones, pervirtiendo enormes necesidades de derechos humanos y mercantilizando los legítimos derechos de las víctimas de la dictadura.

Manifestó que en el mundo de la reparación a las víctimas, la indemnización es la más básica. En algún momento se tiene que terminar y pasar a la reparación en términos de inclusión de la temática de la violación de derechos humanos en todas las áreas del Estado.

Es reconocido por un conjunto, ya sea de víctimas de la dictadura como de familiares y organizaciones de derechos humanos, que la Defensoría está manejada por claques de la que también, lastimosamente, participan víctimas de la dictadura que han transformado la política de indemnización en mercado en donde se trafica influencia, donde hay denuncias de víctimas inexistentes o personas que pertenecieron al aparato represivo de la dictadura y por haber caído en manos de la maquinaria, terminan siendo indemnizadas, sospechosamente en forma rápida. De ahí que se propone reencauzar la Defensoría a sus fines originarios.

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