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La Cámara de Senadores, como “regalo de fin de año” a la ciudadanía, aprobó, en su última sesión ordinaria, una nueva ley que supuestamente servirá para garantizar el acceso a la información pública, pero lo que hará es dificultarlo.
La normativa crea la figura de información reservada y deja al arbitrio de las autoridades decidir qué tipo de datos puede ser dado a conocer y qué no.
El artículo 22 del proyecto señala: “la información pública será aquella que sea calificada o determinada de esa manera y en forma expresa por las leyes, o cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones efectuadas en tal sentido; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado; poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona; implicar una pérdida de ventajas competitivas o que pueda dañar su proceso de producción; o desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados.
Muchos sectores, inclusive de la ONG Semilla para la Democracia, impulsora de la propuesta, reconocen que el proyecto, así como se aprobó, tiende a dificultar el acceso a la información.
Desde el 2001
Desde el 2001, el Congreso pretende poner límite al acceso a la información pública, garantizada en el artículo 28 de la Constitución.
Dicho año, bajo la administración del presidente Luis González Macchi (2001-2003), se había puesto en vigencia la Ley 1728, que ponía una serie de trabas a la tarea periodística y limitaba el acceso a las fuentes de información. Después de una fuerte presión de la ciudadanía, se derogó.
En el 2005, se volvió a presentar una propuesta similar, pero fue rechazada; y vuelta a presentar en agosto pasado, en la Cámara de Diputados, a instancia del defensor del pueblo Manuel Páez Monges. En principio, dos legisladores se hicieron cargo de la propuesta: Víctor González y Andrés Retamozo, de a ANR, pero tras fuerte presión retiraron su apoyo y la propuesta quedó en el limbo.
La aprobada en el Senado ahora deberá ser analizada en Diputados.