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Desde el 9 de noviembre del año pasado está pendiente el juicio oral y público por la compra fraudulenta de 5.000 hectáreas de tierra de la firma San Agustín SA y el perjuicio de G. 48.000 millones al Indert.
Además del parlamentario llanista están acusados Luis Ortigoza, extitular del ente perjudicado; Justo César Gamarra, exconsejero; Víctor Blanco y Mario Echeverría, peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera, fijó el juzgamiento recién para el 23 de abril del año próximo, un día después de las elecciones generales.
La disposición de los magistrados le sirve a Duré porque de la mano de Blas Llano es candidato número uno a ser diputado por el Parlasur, lo que se traduciría en su impunidad.
Esto es así porque se sabe que el Parlamento del Mercosur no desafora a sus integrantes. Un claro ejemplo es el de Emmanuel Friedmann, otro candidato liberal que al ser parte de ese órgano nunca pudo ser incluido en el negociado de tierras de San Agustín, pese al pedido de desafuero de la justicia.
Sin embargo, de la probable impunidad tiene mayormente responsabilidad la Corte Suprema de Justicia, que ayudó a dilatar el juicio oral durante todo este año.
Ya en noviembre del año pasado le dio una “manito” a Duré porque admitió una acción de inconstitucionalidad y pidió el expediente principal al tribunal de sentencia. El documento nunca fue devuelto, pese a que el alto tribunal se podía quedar con las compulsas y remitir el original. Además, la referida acción fue admitida sugestivamente seis meses después de su presentación y un día antes del juzgamiento.
La Sala Constitucional integran los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac.
Duré consiguió el favor luego de votar –en contra de su propia bancada– para enviar a la comisión el proyecto de la enmienda constitucional para el rekutu de Horacio Cartes.