El Gobierno decidió seguir tomando medidas para hacer frente al déficit en el presupuesto 2015.
Mediante el Decreto 3945, el Ejecutivo estableció “normas complementarias y medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2015, que regirá para todos los organismos y entidades del Estado”.
En general se dispuso que todos los saldos para compras a julio de 2015 financiados con fondos del tesoro serán recortados a niveles mínimos y que la adquisición de vehículos de cualquier tipo queda cancelada. “Se suspende la celebración de todo tipo de contrato de adquisición de equipos de transporte”, indica el decreto.
En cuanto a otros gastos hace una escala para la utilización de los saldos no ejecutados. En el rubro de Pasajes y Viáticos será hasta el 30%, Otros Servicios en General hasta el 75%, Servicios de Capacitación y Adiestramiento hasta el 55%, Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, hasta el total del monto ejecutado al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, Combustibles y Lubricantes hasta el 80%, Otros Bienes de Consumo hasta el 70% y Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación hasta el 30%.
También se dispone que a partir de la vigencia del decreto los organismos y entidades del Estado “deberán suspender la celebración de todo tipo de contratos de adquisición de bienes y servicios mencionados en el artículo anterior, financiados con la fuente de financiamiento 10 Recursos del Tesoro, inclusive aquellos en etapa de adjudicación”.
Se ordena a Contrataciones Públicas “a no recepcionar trámites de nuevos procesos de contrataciones públicas de bienes y servicios” que sean financiados con recursos del tesoro y se instruye a los organismos del Estado afectados por el decreto “a cancelar los procesos de contrataciones públicas que no hayan sido adjudicados a la vigencia de esta disposición”. Incluso se dispone que a partir de la vigencia del decreto, el Ministerio de Hacienda podrá bloquear la emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria. También se suspenden las indemnizaciones por retiro voluntario que son financiadas con recursos del tesoro.