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Señala que la decisión del fiscal Cazal es “un intento de acallar voces disidentes a la versión oficial respecto del conflicto social y político suscitado por el EPP, una actitud que recuerda las nefastas prácticas del stronismo reciente”.
El Cipae llama al presidente Horacio Cartes y al gobernador de Concepción Luis Urbieta (ANR) a “dar claras señales de presencia estatal en las zonas afectadas por el EPP no solo con obras, asistencialismo y Fuerzas Armadas, sino con respeto y obediencia a la mayoría de sus mandantes, el pueblo, y principalmente a los más vulnerables”.
Finalmente, el Comité lamenta los daños colaterales que va dejando la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la población norteña.