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Por disposición del Poder Judicial, el Gobierno tendrá que pagar 512.346.737 guaraníes de honorarios profesionales en una demanda que el Ministerio de Relaciones Exteriores perdió ante el funcionario Víctor H. Peña Bareiro.
El litigio fue planteado en 2010 por Peña, quien alegó despido injustificado. La justicia ordenó su reincorporación y el pago de 1,8 millones de dólares de indemnización. Peña ya cobró parte de la indemnización y actualmente es funcionario del Ministerio; ejerce el cargo de director de Planificación Política y percibe un salario mensual de 19 millones de guaraníes.
Ahora el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 5156 y autorizó a Relaciones Exteriores a pagar en la misma causa otros 512 millones de guaraníes en honorarios profesionales a la abogada Myrian Areco Amaral, que ejerció la defensa de Peña en el juicio.
El juzgado de primera instancia en lo laboral, el 15 de marzo de 2013 reguló los honorarios de la abogada en 662.346.737 de guaraníes. Sin embargo, antes de pagar la Procuraduría General de la República recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores aplicar la cláusula cuarta del acuerdo firmado por Peña y su abogada con el Ministerio en diciembre de 2012. En ese artículo se disponía que la abogada aplicaría un descuento de 150 millones de guaraníes. La profesional aceptó hacer el descuento de 150 millones de guaraníes en sus honorario y el monto a ser pagado quedó establecido en 512.346.737 guaraníes. Ahora con la emisión del decreto el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá hacer el desembolso.
La Abogacía del Tesoro, dependiente del Ministerio de Hacienda, evitó hacer un análisis jurídico con relación al pago. Por nota el 10 de abril de 2015 se limitó a indicar “la necesidad de remitir estos autos al Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo que el Ministerio de Hacienda solo se limita a transferir los recursos presupuestados por las distintas entidades, conforme a las disposiciones legales vigentes y sin tener participación final de los mismos”. Ordinariamente la Abogacía del Tesoro hace un análisis jurídico en los pagos del Estado, sin embargo en esta ocasión prefirió mantenerse al margen.
En conjunto, el Estado tendrá que desembolsar casi dos millones de dólares por el juicio que perdió.