Cargando...
En el 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, el Estado paraguayo abonó a la firma Grupanor Cercampo SA, la suma de U$S. 2.824.946 en el marco de un juicio arbitral llevado adelante ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia.
Grupanor pertenecía al empresario de origen español Álvaro Lasso Génova que fue contratado por el Ministerio de Agricultura para echar a andar un convenio de cooperación que Paraguay firmó con el reino de España. El plan era financiar exportación de bienes y servicios españoles en proyectos de interés para el estado paraguayo.
La firma alegó incumplimiento de contrato y demandó al Paraguay en el 2005. El procurador en aquel entonces pidió la nulidad de los documentos, pero finalmente en el 2006 se perdió la demanda. En principio nuestro país debía pagar 4.010.946 de dólares, pero la firma Grupanor decidió renunciar a una suma equivalente a los U$S. 1.186.000.
Álvaro Lasso Génova es el mismo empresario que en estos momentos está llevando adelante una demanda contra la Municipalidad de Asunción por supuesto incumplimiento de contrato y reclama la suma de 12 millones de dólares.
Lasso Génova, junto con su conciudadano Guillermo Casado de Amezua son representantes de la firma Ivesur.
Tal como ocurrió en el juicio contra el Estado, el empresario decidió “perdonar” a Asunción parte de la deuda. Según su abogado Juan Ernesto Villamayor, el monto que a Ivesur le corresponde supera los 20 millones de dólares, pero los empresarios decidieron presentar la demanda reclamando solamente 12 millones de dólares.
El monto señalado es supuestamente lo que dejó de percibir la empresa en concepto de verificación de automóviles, tanto de contribuyentes asuncenos como de los que ingresan de ciudades vecinas.
Ivesur asegura que por contrato la Municipalidad estaba obligada a exigir que el 100% de los rodados que transitan por Capital tengan una constancia de que hicieron la inspección técnica vehicular.
Procesado por la justicia
El empresario español Álvaro Lasso Génova está procesado, junto con el ex ministro del interior Rafael Filizzola, en el sonado caso de compra sobrefacturada de helicópteros ocurrida bajo la administración de Fernando Lugo (2008-2012). El Estado pagó por cuatro aparatos la suma de G. 47.890 millones. Según las investigaciones, los mismos ni siquiera tenían los documentos correspondientes de la fabricante Bell.
Sergio Coscia, abogado de Ivesur junto con Juan Ernesto Villamayor, también está imputado en el caso del supuesto hecho de producción de documentos no auténticos. La fiscal le impuso una fianza de G. 200 millones.