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Tres meses. Fue el tiempo que le bastó al fiscal Nelson Ruiz para iniciar el proceso de blanqueo a Miguel Carballo, amigo y operador político del senador colorado cartista Víctor Bogado. El “mecánico de oro” experimentó un crecimiento económico llamativo en cuestión de meses y con un sueldo relativamente bajo.
Este no es el único caso en el que este fiscal de la Unidad Anticorrupción interviene y termina blanqueando a políticos. Desde el diputado José María Ibáñez hasta los megaevasores de Ciudad del Este, pasando por Óscar González Daher, el ministro Ramón Jiménez Gaona o el exfiscal general Javier Díaz Verón. Varios casos importantes pasaron por sus manos.
Ruiz formaba parte del equipo de fiscales del vicepresidente electo, Hugo Velázquez, en Ciudad del Este. Sus actuaciones no son siquiera cuestionadas por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien le permite los blanqueos.
Miguel Carballo, el “mecánico de oro”
Con un sueldo que alcanzaba apenas los G. 5 millones en la Municipalidad de Asunción, el mecánico Miguel Carballo abrió en 2008 la empresa Rocket SA, con un capital de G. 5.000 millones. Con esa firma compró el pequeño shopping Via Bella ubicado en el barrio Carmelitas de Asunción, cuyo precio ronda los US$ 3 millones. Eso sí, no tenía dinero para pagar su deuda con una telefónica.
Carballo fue nombrado como funcionario de la Cámara de Diputados en 2013 por su amigo, el colorado cartista Víctor Bogado. Apenas meses después se compró un departamento en el ex edificio Villamanta del Yacht y Golf Club.
A pesar de ser funcionario nombrado en Diputados, Carballo se pasaba todo el día en su taller mecánico. Así lo comprobó en 2016 el diario ABC Color. Este hombre de humilde origen llegó de forma inexplicable a un poderío económico tal que incluso prestó US$ 300.000 a una política para su campaña proselitista.
La fiscala Josefina Aghemo fue la que imputó a Miguel Ángel Carballo y pidió su prisión. Cuando se maniobró para que el juez Miguel Tadeo Fernández le dé medidas alternativas a la prisión al “mecánico de oro”, fue la fiscala la que se opuso y pidió que se revoque la resolución y se vuelva a remitir a la cárcel de Tacumbú al procesado. Aghemo fue cambiada llamativamente de unidad y la causa cayó en manos de Nelson Ruiz, a quien le bastaron tres meses para pedir el sobreseimiento provisorio en una causa que lleva ya casi dos años.
Donación para tapar robo
Nelson Ruiz fue uno de los fiscales que se prestó al blanqueo del diputado colorado José María Ibáñez. Llevaba la causa junto a su colega Victoria Acuña, otra agente fiscal bastante cuestionada por su actuar en sonados casos.
Ruiz y Acuña se allanaron al pedido del acusado Ibáñez de realizar una donación, para evitar ir a un juicio oral. El legislador estaba acusado por la comisión de los hechos punibles de estafa, expedición de certificados de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Los dos primeros la fiscalía lo sindicó como autor y el tercero como cómplice.
La expectativa de pena en la estafa es de 5 años y la misma se eleva a 8 años, en casos especialmente graves. En los otros dos delitos, la expectativa es de 2 años.
Sin embargo, Acuña y Ruiz se allanaron al pedido de la defensa de Ibáñez, de realizar una donación de G. 89 millones y la devolución de G. 30 millones a Diputados, que ya lo realizó.
Ibáñez y su esposa, Lorena Plabst, consiguieron el nombramiento de los tres caseros de su lujosa quinta como funcionarios de la Cámara de Diputados. Los tres percibían sueldos de la Cámara Baja pero no cumplían funciones. Pero la miserabilidad no quedó sólo ahí: Ibáñez y su esposa quitaban gran parte del dinero de sus caseros y lo depositaban en sus cuentas.
Aun así, Acuña y Ruiz los blanquearon.
Megaevasión en Ciudad del Este
En mayo pasado, Ruiz solicitó el sobreseimiento provisional de 12 imputados por producción de documentos no auténticos, correspondiente a una investigación derivada de un caso de megaevasión de impuestos de US$ 10 millones. Es el caso de megaevasión en Ciudad del Este denunciado por la Subsecretaría de Tributación.
Ruiz además requirió al juzgado el levantamiento de las medidas cautelares.
Los beneficiados están relacionados con los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron acusados con anterioridad por asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Caso masacre de Curuguaty
Ruiz fue uno de los fiscales que llevaron adelante la cuestionada investigación del caso por la masacre de Curuguaty. En este caso se denunciaron desapariciones de evidencias, parcialidad de la Fiscalía por solo imputar a campesinos y una serie de irregularidades más.
Finalmente, los campesinos fueron absueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debido al paupérrimo trabajo de los fiscales, según explicaron los jueces.
Audios de extorsiones del JEM
Nelson Ruiz fue nombrado como fiscal interino en la causa abierta contra los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, además del extitular del Ministerio Público y su exjefe, Javier Díaz Verón.
Los parlamentarios están imputados por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia. La causa estuvo trabada varios meses en la Sala Penal de la Corte Suprema y ahora vuelve a manos de Ruiz.
Díaz Verón fue incluido en la causa por las determinaciones que tomó en los casos mencionados en los audios. Las principales son la de la secta Moon y la imputación realizada aparentemente de forma irregular por el suspendido fiscal Igor Cáceres y las abiertas por el 31M (incendio en el Congreso y crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana).
Supuestas coimas ignoradas
Ruiz solicitó que se archive la investigación contra el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
Investigaciones publicadas en España el año pasado revelaron que Isolux, empresa encargada de la construcción del “superviaducto”, había pagado una “comisión” a la consultora del español Jordi Pujol Jr. por haberle “conseguido” el contrato en nuestro país.
Como nexo y enlace entre Jordi Pujol y el MOPC aparece, según la investigación judicial en España, Ernesto Manuel dos Santos, “que presume de tener contacto directo con el ministro de Obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitaciones”.
En el intercambio de correos electrónicos se habla hasta de la posibilidad de crear una empresa en Paraguay para recibir la “comisión” y luego proceder a la distribución del dinero.
Dos Santos, efectivamente, aparece en reuniones clave de directivos de la constructora del superviaducto, con el ministro Ramón Jiménez Gaona antes de la licitación de la obra, que finalmente le fue adjudicada en 2015 por US$ 23 millones.
La propia Contraloría General de la República detectó sobrecostos en la obra. Aun así, Ruiz pidió el archivo de la causa y aseguró que las varias modificaciones al proyecto estaban “justificadas”. Su postura fue ratificada por la Fiscalía General.