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La Fiscalía, a cargo de Ninfa Aguilar, acusó en agosto del 2011 al exintendente de Ypejhú Vilmar Acosta y a su padre, Vidal Acosta, del delito de homicidio doloso y solicitó elevar la causa a juicio oral y público. La representante del Ministerio Público logró comprobar mediante análisis laboratoriales realizados por el departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que el cuero cabelludo y cabello hallados en la propiedad de Vidal Acosta pertenecían a “la especie humana”.
El proceso se había iniciado en febrero de ese mismo año cuando una persona identificada como Estanislao Argüello denunció ante la Fiscalía la comisión de tres asesinatos en Ypejhú y acusó del hecho a los Acosta.
El testigo indicó inclusive a la Fiscalía dónde fueron enterrados los cuerpos, por lo que la representante del Ministerio Público, Ninfa Aguilar, allanó la propiedad y desenterró lo que parecían restos humanos. Consistían en cabellos y restos óseos.
La comitiva también constató que el lugar era utilizado como una especie de stand de tiro. Los árboles de los alrededores presentaban orificios y refilones atribuibles a disparos de arma de fuego.
Específicamente, un cocotero presentaba como 20 orificios mientras de un poste fueron extraídas dos balas.
Las pruebas fueron remitidas al departamento de Criminalística de la Policía Nacional y el 22 de febrero esta instancia confirmó que el cabello hallado pertenece a un humano.
Aguilar pidió ordenar prisión tanto del entonces jefe comunal y de su padre, y ambos fueron aprehendidos y remitidos a la cárcel de Coronel Oviedo.
La defensa de los Acosta buscó insistentemente revocar la prisión y lograron el objetivo el 11 de marzo de 2011. El mismo tribunal integrado por los jueces Venancio López, Rosalinda Guens y Justo Pastor Benítez, que había rechazado unos días antes el pedido de levantamiento de prisión, revió su postura y aprobó la liberación.
Según publicaciones realizadas en esa época por nuestro corresponsal Pablo Medina, asesinado el pasado 16 de octubre, el cambio de postura se debió a una fuerte intervención del ministro de la Corte Víctor Núñez.
El 8 de junio de ese mismo año se presentaron ante la Fiscalía tres personas identificadas como Marino Duarte Barreto, Julio César Godoy y Sadi Steffenon, y declararon ser testigos de que los restos que la Fiscalía presentó como prueba fueron desenterrados del cementerio local y plantados en la propiedad de los Acosta.
La fiscala Aguilar los procesó por falso testimonio y siguió con el proceso.
En agosto de ese mismo año, la Fiscalía acusó a los Acosta de homicidio doloso y pidió elevar la causa a juicio oral y público. Pero, llamativamente, en el 2012 el fiscal Alejo Vera pidió sobreseimiento. La fiscala Aguilar recurrió a la Corte, pero esta instancia rechazó su solicitud.