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Los diputados hicieron a un lado la resolución que declaraba de interés institucional la realización de una auditoría externa aprobada en septiembre del año pasado y decidieron ordenar las auditorías a las direcciones de Recursos Humanos y de Administración y Finanzas.
Se manejan dos alternativas. Una de ellas es la contratación vía licitación pública de una empresa auditora que tendrá un costo de G. 280 millones y será financiada con dinero público y la otra intención es firmar un convenio con la Universidad Nacional.
La definición del mecanismo a ser implementado queda en manos de la comisión de presupuesto, presidida por Arnaldo Samaniego (ANR). El monto a ser utilizado ya fue aprobado por el pleno el año pasado, pero Hacienda no lo transfirió por falta de tiempo, según alegaron.
Los diputados de la multibancada alegaron que apelan a una auditoría externa porque no existe confianza en el contralor general de la República, Enrique García, sospechado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA, efrainista), cuestionó la intención del llamado a una auditoría externa y dijo que si se aplica la Ley 1626/2000 de la Función Pública, se terminan con los padrinazgos políticos y la impunidad, y no hará falta contratar a una empresa auditora. Mencionó que existen funcionarios muy capacitados como otros que no tienen preparación.
El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) dijo que no está de acuerdo con el mecanismo de convenio porque varias instituciones contrataron a personas mediante formas oscuras.
Los diputados también aprobaron la creación de una comisión técnica que trabaje de manera estrecha con la auditoría externa. El órgano estará conformado por un diputado por cada bancada y cinco funcionarios de la institución.
Sospechosa insistencia
Durante el tratamiento del proyecto de auditoría de RR.HH. para detectar planilleros en la Cámara Baja, llamó la atención a varios legisladores la insistencia del diputado colorado Arnaldo Samaniego de que la propuesta sea enviada a la Comisión de Presupuesto, que está a su cargo.
Esto despertó sospechas entre varios legisladores quienes mencionaron que habría cierto interés del citado legislador en la contratación de la auditoría.