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CAPIATÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal).El sacerdote Velazco, a través del semanario de la citada iglesia, se hizo eco de denuncias de los vecinos sobre la inacción de las autoridades e irregularidades, hechos que se están denunciando desde hace años y que generaron masivas manifestaciones de ciudadanos indignados por la situación, y ello motivó que los mencionados dirigentes de la ANR junto con otros encararan una demanda contra el cura.
El tribunal de sentencia presidido por el juez Rolando Duarte Martínez y Javier Sapena Bibolini resolvió admitir la querella, patrocinada por los abogados Liz Samaniego y Miguel Adrián García.
Los querellantes son, además de los mencionados políticos, Óscar Américo Barreto Brizuela, presidente del Sportivo Capiatá y de la Liga Capiateña; Carlos César Ramírez Valdez, tesorero de la Cooperativa Capiatá.
Asimismo, forman parte del grupo que presentó la acción judicial Fidelio Rojas, presidente del Colegio de Abogados de Capiatá, quien siendo escribano está al frente de un gremio de letrados; Néstor David Castellano, concejal colorado, y Erico Galeano Segovia, empresario y vicepresidente del Sportivo Capiatá.
Intentamos hablar con el senador colorado Derlis Osorio, con el intendente Galeano y el concejal Castellano, pero el primero y el último tenían su teléfono celular apagado y el jefe comunal no atendió la llamada que le hicimos.
Intento de acallar
El sacerdote José María Velazco señaló que dicha querella radicada en su contra busca acallar el descontento generalizado de los capiateños con sus autoridades, y que a través del semanario parroquial él les dio voz a esas personas que no son escuchadas y no encuentran respuestas a sus reclamos y necesidades de parte de las autoridades.
“Ellos bien podrían haber pedido derecho a réplica, pero nunca lo hicieron”, destacó el párroco.
El 12 de junio del año pasado, unos 10.000 capiateños indignados habían participado en una manifestación realizada contra el mal manejo de los fondos públicos por parte de autoridades locales, así como ocurrió en 2011.
En aquella ocasión, los pobladores señalaron que la administración municipal desvió unos G. 3.000 millones de los royalties, que en lugar de invertir en obras fueron utilizados para pagar sueldos, y el intendente Galeano respondió que el dinero solo se usó como crédito interno.