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El defensor del Pueblo Adjunto, Édgar Villalba, presentó ayer ante la Justicia Militar un pedido de informe sobre la solicitud de reapertura de un caso juzgado contra la sargento de Aviación Olivia Matiauda, recluida en su unidad desde hace dos semanas.
En sus argumentaciones, la autoridad señala una serie de irregularidades al pedido planteado por el fiscal militar Domingo Durán.
“Con estas endebles afirmaciones, sin sustento alguno en elementos de convicción de ninguna naturaleza, ni en pruebas instrumentales o testificales, el señor fiscal general militar solicita, alegre y ligeramente, que el Juzgado de Instrucción Militar “…ordene el procesamiento de la Sgto. 1º Olivia Beatriz Matiauda Ruiz Díaz por los supuestos delitos de insubordinación y desobediencia…”, solicitud a la que V.S. accede sin percatarse de lo infundado del pedido”, señala el documento.
Villalba, remitiéndose a los documentos, señala que la militar ya cumplió con las sanciones establecidas en el Memorándum de Entendimiento suscripto entre las Naciones Unidas y Paraguay en cuyo numeral 6 se ordena que “el incumplimiento de las normas establecidas anteriormente serán pasibles de sanciones como amonestaciones, sumarios, arrestos y repatriaciones, según amerite cada caso”.
En febrero del 2014, la sargento fue repatriada por orden de su superior el coronel Justo Torres, a quien posteriormente demandó por daños y perjuicios.
Con estas argumentaciones, el defensor adjunto del Pueblo pidió informes al organismo de justicia militar, detectando numerosas falencias en el proceso que pretende ser reabierto por un fiscal militar, para agregar al legajo el cargo de “insubordinación”, cuando el mismo no se ajusta a lo establecido por la Carta Magna.