Imputan al diputado Rivas y sus tres caseros planilleros

El fiscal Luis Piñánez imputó al diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez –cartista que hizo el rekutu por Paraguarí– y a sus tres “caseros” planilleros, por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El legislador mentía sobre la prestación de servicios de sus empleados particulares, quienes percibían salarios sin trabajar.

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El fiscal de Delitos Económicos indicó que la causa cayó en el juzgado de Rubén Riquelme, quien debe pedir el desafuero de Rivas a la Cámara de Diputados.

Además, Riquelme debe convocar a los coimputados Reinaldo Chaparro Penayo (chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (chofer) a la audiencia de imposición de medidas.

El investigador solicitó prohibición de salir del país, fianza de G. 26.000.000 para cada uno, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado penal de garantías y comparecencia mensual.

Según el agente, se comprobó mediante registros telefónicos sometidos a pericia de cruce de llamadas que los tres empleados no cumplían labores en la Cámara de Diputados. Además, el diputado Rivas firmaba todas las planillas de asistencia.

“Como diputado, certificaba que los citados funcionarios contratados asistían diariamente a las oficinas de la Cámara Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas”, dice la imputación.

Se agrega: “Según la ubicación de las llamadas remitidas por las citadas empresas telefónicas, los mismos no se encontraban prestando servicio alguno en la Cámara de Diputados ni acompañando al citado legislador...”.

Asimismo, se consigna: “Además, a través del informe remitido por la Dirección General de Migraciones, el mismo (Rivas), estando fuera del territorio nacional, habría seguido rubricando la asistencia de dichos funcionarios”.

Esta certificación ocasionó que los referidos cobrasen dinero del Estado sin prestación de servicios.

En tal sentido, Piñánez indica que Reinaldo Chaparro cobró indebidamente G. 16.000.000 de julio de 2016 a febrero de 2017; Lucio Romero percibió G. 16.000.000 de julio de 2016 a febrero de 2017; y Nery Franco, G. 15.000.000 de octubre de 2016 a febrero de 2017. 

Según una investigación periodística del diario Última Hora, Franco trabajaba en una empresa familiar de Rivas; Romero era capataz en una estancia del parlamentario cartista; y Chaparro realizaba tareas domésticas en la residencia del legislador en Lambaré.

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