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La magistrada participó en nuestro país de un seminario regional sobre la administración cautelar y la privación de bienes provenientes del delito. Antes dio una conferencia en la Escuela Judicial del Paraguay sobre el tema “Independencia Judicial y corrupción”.
Castañeda Otsu es Coordinadora Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, desde febrero de 2007 y tiene a su cargo los casos de criminalidad organizada vinculados a delitos de corrupción de funcionarios. Dijo que en su país tienen muchos alcaldes implicados en hechos punibles, que actualmente son investigados. Agregó que en el proceso también están incluidos empresarios, como cómplices de los empleados del Estado involucrados en tráfico de influencias, cohecho y otros delitos.
“Lo ideal en temas de corrupción de funcionarios es el control previo, la prevención. Sin embargo, cuando esos mecanismos fallan y los hechos han ocurrido somos los jueces los que tenemos que intervenir”, manifestó la magistrada.
Para Castañeda Otsu, la participación de la sociedad civil organizada en la lucha contra la corrupción es clave. “La gente hace marcha y le exige al Congreso y otras autoridades respuestas efectivas en las luchas”, resaltó y agregó que en todo esto también es fundamental el papel de los medidos de comunicación social que “destapan los casos de corrupción y que logran que la sociedad se involucre más”.
“El involucramiento de la sociedad es fundamental. Por ejemplo, el juez Sergio Moro del Brasil (que tiene el caso Lavajato) cuenta con el apoyo de la comunidad de Curitiva. La sociedad debe hacer vigilia en apoyo a los jueces. Es importante que la sociedad se organice, que esté pendiente de lo que pasa”, expresó la magistrada. Acotó que en Perú, lastimosamente un grupo de jueces contribuyó a desacreditar al Poder Judicial de dicho país, con los audios filtrados del Consejo Nacional de la Magistratura.
Dijo que la tarea ahora es recuperar la credibilidad hacía la justicia y que esa tarea la tienen que llevar los jueces honestos, “para buscar la legitimidad del Poder Judicial a través de una actuación transparente y objetiva”. “La transparencia es un factor fundamental para impartir justicia en los casos de corrupción de funcionarios. Los jueces deben actuar con transparencia, imparcialidad y en forma oportuna. Si hay que condenar se condena o sino se absuelve. El proceso debe seguirse con garantías. Si se prueba la implicancia de un funcionario hay que aplicar una sanción fuerte, porque la corrupción le hace mucho daño a la población, le priva de colegios, hospitales y otros servicios públicos”, enfatizó.
En cuanto a la sociedad, insistió en que debe estar atenta y que se debe involucrar cada vez más en la lucha contra la corrupción. “Finalmente es su dinero lo que llevan los corruptos. Dinero que debe servir para hacer obras en beneficio de la población”, resaltó.
Legisladores procesados
La manifestación ciudadana obligó a José María Ibáñez a dejar la Cámara de Diputados. Luego también renunciaron los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.
Ahora se exige la salida de los diputados Carlos Portillo, Carlos Núñez y Tomás Rivas. Igualmente la de los senadores Víctor Bogado (colorado) y Enrique Salyn Buzarquis (liberal). Todos ellos están procesados por hechos de corrupción. La mayoría traba su causa penal con la presentación de incidentes dilatorios, o sea, chicanas.