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El juez Garcete Argüello impuso como una de las medidas alternativas a la prisión para Claudia Silvero, “la prohibición de atentar de cualquier forma y a través de cualquier medio contra la intimidad personal y o familiar” del diputado Enrique Antonio Buzarquis, quien acusa a Silvero de extorsionarlo y coaccionarlo bajo la amenaza de demandarlo por un reconocimiento de filiación extramatrimonial de un niño de cinco meses.
La decisión del magistrado responde a los insólitos pedidos que había presentado el citado diputado a través de su abogado Elio Gómez. Entre otras cosas, pedían prohibirle a la mujer difundir información sobre el político en las redes sociales y medios masivos de comunicación, como también emitir algún juicio de valor negativo sobre la figura del legislador.
Consultado sobre las excesivas restricciones que solicitaba el diputado contra la querellada, Gómez había manifestado que ellos consideraban estar en todo su derecho de pedir todas las medidas que creyesen correspondientes a fin de “salvaguardar la figura pública del legislador”. Finalmente, el magistrado accedió a coartar la libertad de expresión de la mujer.
Garantías de libertad
Tanto la Constitución Nacional de Paraguay, en su Art. 26, así como la Declaración Universal de los DD.HH., en su Art. 19, y el Pacto San José de Costa Rica, en su Art. 13, garantizan la libertad de pensamiento y expresión y la posibilidad de difundir esas ideas por cualquier medio sin que exista censura previa. El Pacto de San José expresa muy claramente que las responsabilidades por una expresión solo pueden ser ulteriores y nunca anteriores. Todo esto pareciera ser ignorado por el magistrado Garcete.
“De cualquier forma y por cualquier medio” es una medida genérica que podría incluir las redes sociales y los medios masivos de comunicación, tal como quería el político. Desde el día miércoles, para cuando estaba prevista la audiencia de imposición de medidas, hemos intentado contactar con el magistrado por medio de su celular (terminación 647), pero no contestó y luego el móvil fue apagado.
El juez de Villarrica, de extracción liberal, fue suspendido el pasado 24 de marzo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunto mal desempeño en sus funciones. El magistrado reguló, en violación a la ley, honorarios de un abogado en G. 25.000 millones, en el caso de la Azucarera Iturbe.
Se llama a silencio
Desde que el caso saltó a la luz, el diputado no se pronunció. Tratamos de contactar a su celular (terminación 060), pero el aparato se encontraba apagado.
victor.franco@abc.com.py flavia.borja@abc.com.py mabel@abc.com.py