Jurado favorece a jueza y fiscal que liberaron a un presunto narcopolicía

El Jurado de Enjuiciamiento aún no notificó a la Corte la suspensión de la jueza de Capiatá, Norma Salomón, y el fiscal José Luis Casaccia. Los mismos siguen en funciones. Habría una fuerte injerencia política.

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El presidente del Jurado, Adrián Salas, había manifestado a nuestro diario que el martes pasado se iba a remitir a la Corte la resolución de suspensión de Salomón y Casaccia. Sin embargo, el órgano juzgador dilata el envío de los antecedentes supuestamente para evitar que este año se haga efectiva la suspensión del fiscal y la jueza.

La actuación irregular de Casaccia y Salomón había permitido que el suboficial 1º Águedo Lezcano, hermano del diputado Marcial Lezcano, haya dejado la penitenciaría de Tacumbú. Fue luego de una audiencia preliminar en la que la magistrada sobreseyó provisionalmente al narcopolicía por pedido del agente del Ministerio Público.

Lezcano Paredes había sido detenido el 5 de marzo del año pasado al ser interceptado por agentes de Robos y Hurtos de Investigación de Delitos en Capiatá, cuando transportaba en su camioneta Toyota Hilux, junto con su primo Félix Adilson Paredes Alcaraz (26), más de dos litros de cocaína líquida en 27 preservativos que estaban dentro de un termo.

El 28 de octubre pasado, luego del crimen del periodista Pablo Medina y cuando saltó el tema de narcopolítica, los miembros del Jurado se vieron obligados a tratar el caso de Salomón y Casaccia. La mayoría de los integrantes del órgano juzgador resolvió la suspensión de ambos. Empero, el Jurado hasta ahora no remitió a la Corte la resolución, para que se haga efectiva la suspensión de la jueza y el fiscal, quienes contarían con protección política.

El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Salas, está integrado por los senadores Óscar González Daher (colorado) y Adolfo Ferreiro; los diputados Óscar Tuma (colorado) y Jorge Ávalos Mariño (liberal); los ministros de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro de Módica y Enrique Riera, titular del Consejo de la Magistratura, en donde representa al Poder Ejecutivo.

Argumento de suspensión

El órgano juzgador argumentó para la suspensión que el fiscal consideró la pericia técnica una prueba fundamental y solicitó que la diligencia se haga como anticipo jurisdiccional de prueba.

El pedido fue admitido por la jueza, pero finalmente no se realizó. “No habría hecho el seguimiento para su efectiva (pericia) realización; y posteriormente habría efectuado nuevamente el mismo planteamiento, que ya le fuera autorizado con tres meses de antelación”, apuntó el Jurado.

Casaccia, sobre la misma base de hechos, habría acusado a uno de los imputados y solicitó el sobreseimiento provisional de otro, pese a que el relato de hechos no permite distinguir objetivamente una situación diferente de los involucrados en el hecho.

En lo que respecta a las actuaciones de la jueza Norma Salomón habría desconocido su propia decisión anterior y, sin revocarla, dispuso lo que ya estaba resuelto. “Pese a que ya había admitido un anticipo jurisdiccional de prueba, ante un nuevo planteo del agente fiscal, lo habría autorizado nuevamente tres meses después”, dice la resolución.

El Jurado cuestionó a la magistrada el hecho de que no haya dado trámite de oposición al pedido de sobreseimiento.

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