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–Marito dijo que la justicia es “la pata renga de la democracia” y que eso se tiene que enderezar...
–Y tiene razón el Presidente. El Poder Judicial siempre fue la cenicienta de los poderes, el poder más débil. Lo que dijo es alentador para los que cumplen bien su labor en el sistema de justicia. Él reconoce también lo que siempre denunciamos nosotros y no nos escuchaban: que la justicia siempre estuvo sojuzgada y envilecida, presa del poder, y eso ya no tiene que ser así. El Presidente dice que todo el mundo quiere tener su juez amigo. Cierto, todo el mundo quiere un juez a la medida, y eso ya no da más si queremos un Paraguay con seguridad jurídica, consolidado, democrático y republicano.
–¿Qué haría de inmediato si lo eligen?
–En primer lugar, yo tengo que seguir esa regla de transparencia y contarle a la ciudadanía cuáles son mis bienes. En segundo lugar, tenemos que hacer que las sesiones de la Corte sean transmitidas por televisión, que la gente vea a los ministros. En tercer lugar, tenemos que transparentar el presupuesto y después, dedicarnos a lo jurisdiccional: combatir la mora judicial, la corrupción, fortalecer el control. El ojo del amo engorda el ganado. Hay que controlar y sancionar a quienes no cumplen con los plazos y hay que premiar a los que trabajan bien.
–Cuál es su trayectoria...
–Hice el papel de abogado, en su momento director de Asuntos Legales de la Cancillería; fui fiscal del crimen, juez del Crimen, miembro del Tribunal de Apelación, director del Archivo del Terror en estos últimos 10 años. Enseño Derecho Penal, materia que me apasiona, en Derecho UNA. Soy profesor de la Escuela Judicial, profesor de cursos de grado y de posgrado, en fin. Creo haber completado todas las áreas. He escrito artículos relacionados con mi trabajo...
–¿Qué diferencia haría eso ante la foja de más de 50 candidatos, varios con mejores puntajes?
–Yo estoy seguro que sabrán apreciar que me he jugado por la institución del Poder Judicial desde mis inicios. Las circunstancias hicieron que un día tuviera la responsabilidad de firmar una orden de allanamiento a una repartición policial y que llevó a la ciudadanía a descubrir ese Archivo del Terror, el 22 de diciembre de 1992, un acontecimiento que la historia democrática no olvidará.
–Fue todo un acontecimiento pero pocos los condenados. La mayoría salvó el pellejo. ¿Por qué?
–Lamentablemente fue así. El código penal anterior no contemplaba como hecho punible la tortura, la desaparición... Hablaba de lesiones corporales, por ejemplo. El código era muy benigno. Lo importante es que esos hechos hoy son imprescriptibles por la Constitución. Yo también pienso que debieron ser muchos más los condenados. El ejercicio de la acción pública ya estaba a cargo del Ministerio Público. Ahora recién, más de 20 años después están haciendo algunas acciones contra algunos implicados que hoy ya están en sus últimos años de vida. Lo que sí creo que hay que resaltar es el legado. Se consiguió que el Gobierno de la época reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo inédito. Me acuerdo que el general (Andrés) Rodríguez, al otro día del hallazgo le llamó ofuscado al presidente de la Corte José Alberto Correa a decirle: “¡Qué es lo que hizo ese juez!”. Le pidió en tono imperativo que no se le dé más información a nadie .
–Toda la prensa ya tenía...
–El doctor Correa me convocó. Estaba en compañía del doctor (Jerónimo) Irala Burgos diciéndome: “¡Mi hijo, qué hiciste!”. Y yo le expliqué en qué consistía el procedimiento. Era un procedimiento establecido en la (nueva) Constitución.
–¿Qué le respondieron?
–Irala Burgos me dijo: “Mi hijo, está bien lo que estás haciendo”. Yo ya estaba jugado. Le dimos total apertura a la prensa. Fue nuestra protección. La prensa fue custodio de esos documentos. Esos documentos están ahí en el Poder Judicial. Sirvieron para procesos hasta en Argentina, España, Chile, Italia... Aportamos más de 20.000 fojas para los procesos en Argentina...
–No hubo condenas de jerarcas de la dictadura y si las hubieron salieron muy pronto todos...
–En su mayoría fueron jerarcas policiales juzgados con el código viejo. Puedo decir a mi favor que ese acontecimiento –con mucha adrenalina de por medio porque estábamos en los inicios de la democracia y el Estado policíaco no se había desmantelado– marcó el punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Le dijimos a los poderosos: “¡no, señores: yo estoy investido de la autoridad que me da la Constitución y la ley, y le ordeno que me deje pasar!”. Así le dije al policía que se interpuso.
–¿En qué medida ese Jurado de Enjuiciamento se constituyó en un garrote, como se dice, de los magistrados?
–Con los audios se demostró que quien no se cuadra, automáticamente es llevado a la guillotina. Sangre, sudor y lágrimas fue liderar y lograr con la Asociación de Magistrados la ley de confirmación de magistrados, de independencia; que da estabilidad y aminora en gran parte la injerencia política. Contra la ley de superpoderes del Jurado encabecé una inconstitucionalidad ya en el 2012 enfrentando al poder político. Una medida cautelar sería un remedio parcial, pero la Corte no entiende así.
–¿Qué posibilidades hay de renovar todo el cuadro de la Corte Suprema cuanto antes?
–Nunca hubo una oportunidad como ahora. Todos los candidatos para las elecciones de abril coincidieron en sus campañas en apuntar a la Corte. Eso implica a largo plazo cambiar el diseño constitucional pero implica ahora tomar el toro por las astas. Tenemos que empezar por el presupuesto del Poder Judicial que es cautivo del poder político. El juez hoy día quiere insumo, computadora y recursos humanos con base en concursos. Basta de amiguismo. Tenemos que desterrar el nepotismo. Hay que combatir la morosidad, la colusión. Hay que darles más poder a los tribunales de apelación que están en el interior. Se tiene que sancionar a los chicaneros, a los jueces, camaristas que eluden sus funciones impugnandose, inhibiéndose. No se tiene que dar un milímetro de margen a la impunidad. Los gremios pueden ayudar bastante ejerciendo un papel activo en esto.
–¿Cuál es la diferencia con nosotros para que los brasileños, argentinos, peruanos hayan tenido éxito para prender a los funcionarios corruptos?
–La diferencia está en la legislación. Se tiene que permitir la delación premiada o nuevas figuras parecidas. Estamos viendo cómo caen, por racimos, los grandes capos de organizaciones criminales por culpa de un arrepentido que cuenta todo a la justicia.
–Siempre aparece un arrepentido...
- Desde Collor de Melo en el Brasil –en la Argentina la misma cosa– siempre hay alguien que por A o B motivo anota algo del delito en el cuaderno y al final se arrepiente y habla. Está demostrado que con las leyes clásicas ya no se combate el crimen, porque todo es dinero y poder, y contra eso hay que luchar con armas modernas. Nuestras leyes también tienen que ser más duras contra los que atentan contra el erario público.
–La impunidad es “legal” para unos cuantos...
–Nuestras leyes son superbenignas. Se tiene que prohibir las medidas alternativas. Acá hay un desdén contra la cosa pública. Los delincuentes encuentran un camino torcido en la ley para protegerse. El reclamo de los obispos contra la corrupción, la impunidad y que el pobre tenga acceso a la tutela judicial efectiva, y que esta no sea para una élite, es un permanente desafío y una tarea a redoblar para el Poder Judicial. Coincido plenamente. Es perentorio cambiar. Los jueces y fiscales venales y que prevarican deben ser sancionados sin contemplación.
–¿Qué hubiera hecho usted en el caso Curuguaty?
–Ese caso, si a mí me correspondía, hubiera llamado a una audiencia pública para explicar a la ciudadanía los fundamentos de la decisión. El pueblo está obligado a saber, a entender por qué se dicta una resolución.
–Era una decisión política evidentemente, más que jurídica. Se tomó entre cuatro paredes y de sorpresa...
–Y pues, la transparencia es el arma. Justamente siendo transparente uno va a demostrar que ese fallo responde al leal saber y entender del magistrado. Aquí cayeron de sorpresa con su resolución...
–¿Cuál es su opinión del pedido de captura del ex fiscal general y el allanamiento de su residencia?
–Corresponde. Está en el marco de la ley, pero debe cuidarse de no vulnerar garantías procesales. Puedo entender en la causa. Por eso mi opinión es genérica.
–Pero ¿qué significa la imputación de una alta autoridad, la primera de este nivel en mucho tiempo, en coincidencia con las protestas y en la misma semana del pronunciamiento presidencial?
–Creo sin dudas que es un signo positivo y que nadie está por encima de la ley. Es el Estado de derecho que queremos. Estamos en democracia y la ley tiene que imperar...